Comisión de investigación

Garre admite que los contratos de la desaladora "son leoninos"

El expresidente del Gobierno regional aconseja llevar a Florentino Pérez a los tribunales para conseguir un acuerdo que acabe con las pérdidas originadas por la planta, cifradas en 13 millones anuales - Reconoce ante la oposición que el alquiler "no ha sido un buen negocio"

11.02.2016 | 00:38
Alberto Garre (d) saluda al diputado de Podemos Antonio Urbina al llegar a la Asamblea.

El expresidente del Gobierno regional Alberto Garre, que ayer compareció ante la comisión que investiga la gestión de la Comunidad Autónoma en la desaladora de Escombreras, creada por la Asamblea Regional, reconoció abiertamente que los contratos suscritos por el Ente Público del Agua con las empresas del grupo ACS Cobra y Mancobra, promotoras de la planta, establecen «condiciones leoninas». El exjefe del Ejecutivo, que intervino después de la comparecencia de su antecesor en el cargo, Ramón Luis Valcárcel, dejó claro que él no habría aceptado las condiciones impuestas por las empresas del grupo ACS en el año 2006. Aconsejó al Gobierno regional que presente una demanda en los tribunales para llegar a un acuerdo con Florentino Pérez que lo libere de las pérdidas ocasionadas por la planta, cifradas en 13 millones anuales, según los cálculos recogidos en los informes elaborados por los Servicios Jurídicos de la Administración regional. Garre leyó parte del contenido de los informes que él encargó cuando era presidente, en los que se apunta la existencia de un posible perjuicio contable a las arcas regionales.

La actuación del Ente Público del Agua, creado por la consejería de Agricultura en 2006 para garantizar el agua a los municipios que no conseguían aprobar nuevos desarrollos urbanísticos porque la Confederación Hidrográfica del Segura les negaba las autorizaciones, está siendo investigada también en dos juzgados de Murcia y en el Tribunal de Cuentas. Este organismo fiscalizador fue el primero que detectó las incongruencias en el precio del agua que la Comunidad compra a la desaladora, dado que el contrato establece un canon fijo anual, independientemente del volumen suministrado.

Garre respondió a la afirmación del diputado de Podemos Antonio Urbina, que asoció el nombre de las empresas promotoras de la planta (Cobra y Mancombra) con «un reptil venenoso». El expresidente llegó a apuntar que «cobras, pitones y anacondas» pueden «comerse la Región». Añadió que el presidente de ACS, el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, «es un empresario y sabe que es mejor un acuerdo». Dejó claro, la desaladora «ha sido un mal negocio» y explicó que las condiciones impuestas «son leoninas» desde el momento en que establecen que si la Comunidad incumple el acuerdo con la propietaria tiene que pagar 600 millones a la promotora como compensación y lucro cesante, que la compañía llegó a reclamar en los tribunales, mientras que en el contrato no se establecía ningún tipo de penalización para el grupo ACS. Admitió que ha oído hablar de los 600 millones que pretendía cobrar ACS, aunque posteriormente se supo pedía 180 millones y que la Comunidad le había ofrecido 140. Garre considera igualmente que del precio de venta debe deducirse el dinero que la Comunidad ha pagado hasta ahora a la promotora. Según había adelantado Valcárcel, esta cantidad asciende a 49 millones.

Aseguró que él no habría aconsejado a los ayuntamientos aprobar planes urbanísticos con el aval del Ente Público del Agua, que ahora están anulando el Tribunal Supremo y el TSJ, al tiempo que aludía también a las dificultades a las que se enfrentan las empresas que suscribieron convenios urbanísticos fallidos con los consistorios. «Yo me hubiese cerciorado previamente, porque luego pasa lo que pasa».

El diputado socialista Jesús Navarro quiso saber qué miembro del Gobierno de Garre llegó a decir que «cada palo aguante su vela», cuando se conoció el informe de la Intervención general que puso al descubierto las irregularidades detectadas por la Intervención, pero el expresidente le contestó que «las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas».

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