Tribunales

El fiscal aprecia indicios de malversación, falsedad documental, fraude de subvenciones y delito societario

Dos juzgado de Murcia tienen causas abiertas por la actuación de la Comunidad en la gestión de la desaladora

10.02.2016 | 04:00

La actuación desarrollada por los responsables del Ente Público del Agua y las empresas públicas dependientes de la Comunidad que firmaron los contratos con la propietaria de la desaladora de Escombreras, perteneciente al grupo ACS, ha dado lugar a una investigación de la Fiscalía, que ha encontrado indicios de cinco delitos diferentes. Según consta en el documento que el fiscal responsable de delitos urbanísticos, José Luis Díaz Manzanera, remitió a los Juzgados al concluir su investigación, después de un año de pesquisas, «los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de fraude, malversación, falsedad en documento público y oficial, fraude de subvenciones y delitos societarios». Así consta en el escrito que el fiscal jefe envió el pasado mes de noviembre al abogado Diego de Ramón, que había sido el primero en denunciar ante la Fiscalía las irregularidades en la gestión de las dos empresas públicas dependientes del Ente Público del Agua, que ya habían sido detectadas por el Tribunal de Cuentas.

La denuncia de la Fiscalía ha sido asignada al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. Sin embargo, el titular del Juzgado Número 9 ha abierto otra causa a raíz de la querella presentada por el promotor urbanístico de Totana Manuel Núñez, en la que se acusa al expresidente Ramón Luis Valcárcel y a una docena de ex altos cargos y actuales consejeros de servirse de los caudales de la desaladora de Escombreras para aprobar recalificaciones urbanísticas sin la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Segura. Dadas las conexiones entre ambas causas, no se descarta que la investigación acabe unificada en un solo juzgado.

A su vez, el Gobierno regional remitió el pasado verano los informes elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la Comunidad al Tribunal de Cuentas, con el fin de que establezca si la desaladora de Escombreras ha generado un perjuicio contable a la Administración regional. Hay por tanto dos juzgados y dos instituciones públicas –el Tribunal de Cuentas y la Asamblea Regional–investigando la desaladora.

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