ICREF

El Consejo de Ministros autoriza a Murcia a dar avales por valor de 25 millones

El respaldo financiero de la Comunidad movilizará 50 millones en créditos de las entidades financieras y sostendrá unos 7.100 empleos

06.02.2016 | 00:47

El Consejo de Ministros autorizó ayer a la Región a otorgar avales por un importe máximo de 25 millones de euros a través del Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF), lo que permitirá a las entidades financieras conceder más de 50 millones en préstamos para inversiones a de las pequeñas y medianas empresas, que generarán unos 7.100 empleos.

La Comunidad de Murcia ha solicitado otorgar avales por medio del Instituto de Crédito y Finanzas para préstamos formalizados en el marco del 'Programa de financiación BEI a ICO para empresas con criterios de regionalización', por un importe máximo de 25 millones de euros y con un límite máximo de asunción de quebranto por entidad financiera del 3 por 100 del importe nominal avalado.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, señaló que la medida pretende que las entidades financieras faciliten los préstamos. «Con este aval los préstamos llegarán a más empresas, precisamente a aquellas que tienen más dificultades de financiación por falta de garantías. Esta nueva vía de financiación supondrá un evidente impacto sobre el empleo en la Región de Murcia», ya que, por una parte, permitirá el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes y, por otro, favorecerá su incremento, que, en conjunto, puede estimarse que beneficiará en torno a 7.100 trabajadores.

Las operaciones serán avaladas en un 50 por ciento por el ICREF para préstamos formalizados en el marco del 'Programa de financiación BEI a ICO para empresas con criterios de regionalización'. Este programa financia la concesión de créditos para inversiones de pequeñas y medianas empresas y para empresas de mediana capitalización.

Esta autorización del Gobierno deriva del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que señala que la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías a operaciones de crédito por parte de Comunidades Autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública o regla de gasto precisará de autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.

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