Entre las novedades de la Ley de la Función Pública que el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, pretende negociar a partir de ahora está la regulación de la figura del directivo público, a la que podrán acceder los funcionarios que tienen el máximo nivel y que ocupan puestos en el escalafón de las consejerías que se encuentran directamente por debajo de los cargos públicos. El nuevo texto legislativo tendrá que definir la titulación y los requisitos que se establecerán para llegar a ocupar puestos como el de vicesecretario general, el máximo que puede ocupar un funcionario, dado que la secretaría general corresponde a una persona nombrada directamente por el consejero.

Entre las reivindicaciones de los sindicatos figura desde hace tiempo el establecimiento de unas pautas claras de promoción interna que reduzca al máximo la lista de puestos de libre designación que pueden ser nombrados por los responsables políticos. Los sindicatos reclaman unas pautas claras de promoción que limiten la discrecionalidad en los puestos de alto nivel, con el fin de primar la profesionalidad y los criterios de mérito y capacidad sobre las afinidades políticas del personal.

La idea es que los directivos participen «en la formulación, impulso y desarrollo de las políticas públicas, así como en las decisiones adoptadas en el ámbito político, de ejecución de servicios y dirección de recursos humanos, gestión de infraestructuras o medios materiales y ejecución del presupuesto, de evaluación y propuesta de innovación y mejora de los servicios», entre otros cometidos. La propuesta está abierta a limitar el acceso a los puestos de directivo a los funcionarios del Grupo 'A' y a abrirla a otros grupos.

El consejero de Hacienda destacó que los funcionarios que adquieran la condición de directivos públicos «ocuparán puestos de mucha responsabilidad», porque desarrollan tareas de alta dirección en sus respectivas consejerías.

Respecto a la libre designación, se propone limitarla exclusivamente a los puestos de trabajo «de especial responsabilidad o de confianza, que se determinen».

Se contempla también la promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo, de forma que quienes superen las pruebas selectivas puedan ascender, aunque continúen ocupando su misma plaza.

Asimismo, la nueva ley recogerá «la remoción de puestos de trabajo» cuando se produzca «una alteración sustancial del contenido del puesto o por falta de capacidad para su desempeño»