Social

La dependencia en Murcia, mejor que en el resto de comunidades

El 8% de los mayores de 65 años recibe ayudas en España, lejos de OCDE - Las regiones con menor cobertura son la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra

01.02.2016 | 17:42

El 8 por ciento de la población española mayor de 65 años recibe ayudas para la dependencia, lo que sitúa al país por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (un 11,4%) y de países como Suiza, Holanda, Noruega o Suecia (entre un 16 y un 20 por ciento).

Estos datos proceden del primer informe del nuevo Observatorio anual del Sistema de Atención a la Dependencia de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborado por Sergi Jiménez, Cristina Vilaplana y Analía Viola.

Los autores de la investigación consideran que el sistema de atención a la dependencia está en riesgo de "languidecer" como consecuencia de la crisis de la economía española y los recortes aplicados en 2012 y 2013.

Desde su punto de vista, el sistema ha adquirido un tamaño "razonable" en un corto periodo de tiempo, aunque la fracción de población cubierta por el sistema está lejos de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de los países del centro y del norte de Europa.

Para los investigadores, el sistema de atención a la dependencia presenta algunas características "preocupantes" como la "disparidad" entre las distintas comunidades autónomas en términos de cobertura o la existencia de largas listas de espera para la recepción efectiva de las ayudas.

Murcia, Andalucía y Cantabria figuran entre las regiones con mayor cobertura, mientras que las comunidades con menor cobertura son la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, indican.

A finales de 2015, el 1,7 por ciento de los mayores de 65 años se encontraba a la espera de recibir una prestación por dependencia, aunque la cifra variaba entre las distintas comunidades autónomas.

La lista de espera oscilaba entre el 5,5 por ciento en Murcia y el 0,1 por ciento en Castilla y León.

Actualmente, según el informe, el sistema se encuentra en un momento de "indefinición" e "incertidumbre" en el que sus gestores directos (a nivel local y autonómico) no saben con qué recursos cuentan a corto y medio plazo, lo que condiciona la oferta de servicios.

Entre otras "debilidades" del sistema señalan la creciente contribución de los beneficiarios a la financiación de las prestaciones (copago) o las carencias en la evaluación del sistema por parte de los ciudadanos.

A medio y largo plazo, los autores estiman que es "ineludible" aumentar los recursos para ofrecer una cobertura razonable y diversificar las fuentes de financiación, planteando "un cóctel entre financiación pública vía impuestos y contribuciones que garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos y fórmulas de aseguramiento privado complementario".

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