La historia de Diego, revelada a la opinión pública hace dos semanas, rescata un drama que sigue sin desaparecer en las aulas españolas. La misiva que el niño de 11 años de Leganés dejó a sus padres antes de tirarse por el balcón vuelve a poner de manifiesto una realidad: el acoso escolar. Este tipo de violencia no es ajeno a la Región, pues en el curso 2014-15 los técnicos de la consejería de Educación constataron cuatro casos en los que un menor fue acosado en clase, según confirmaron fuentes regionales a este diario.
La cifra del pasado curso es la misma que arroja la media de situaciones de bullying en las escuelas de la Comunidad durante la última década. El ejercicio que más casos detectó fue el curso 2006-07, cuando se tuvo constancia de cinco menores acosados, según citaron las mismas fuentes.
La Consejería registró en 2015 un total de 544 expedientes disciplinarios por conducta gravemente perjudicial. De todos ellos, 15 carpetas indicaban indicios de acoso, pero el protocolo que activó Educación concluyó que únicamente cuatro alumnos sufrieron bullying tras verificar los presuntos casos. En el resto, «se pudo reconducir la situación».
Se trata de un protocolo que se activa cuando se cumplen tres requisitos que permiten denunciar una situación de abuso: la intencionalidad en la conducta; la reiteración en la persecución a la víctima y la existencia de un desequilibrio entre el agresor y el acosado, que no se reduce sólo a una cuestión física, sino que también contempla factores psicológicos y emocionales. Incluso también se recoge la superioridad numérica, cuando son grupos quienes someten a un individuo.
Toda vez que se confirma un suceso de acoso, los agresores pasan a la Fiscalía de Menores, siempre y cuando sean mayores de 14 años. Si no lo son, su expediente se traslada al Servicio de Protección de Menores de la consejería de Familia. Fuentes de la dirección general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad aseguraron que no «están autorizados» a revelar la edad de los acosadores localizados el pasado curso.
Seguimiento del problema
¿Cómo comienza el protocolo? Desde Educación apuntan que debe ser la propia escuela quien dé los primeros pasos, que ante cualquier sospecha o denuncia de un familiar debe emplazar al tutor a elaborar un seguimiento «en secreto y desde la distancia» del presunto acosador.
Si el informe del tutor considera que hay indicios, el equipo directivo debe designar a otro profesor para que aplique una investigación, que conlleva entrevistas a familiares, alumnos y otros implicados. Además, un orientador -un especialista en psicología y pedagogía- debe aplicar medidas preventivas. Finalmente, si se confirma bullying, el centro debe expedir el expediente a la Fiscalía de Menores o Protección de Menores -según proceda- y fijar medidas de seguridad.
Un trabajo de recuperación
«La solución nunca es la sanción punitiva», explican desde la Consejería, «ni tampoco el traslado del acosador a otro centro, porque el problema no erradicaría». Agregan que se debe aplicar un trabajo de recuperación sobre la víctima, para que recupere autoestima; una labor emocional sobre el agresor y, «sobre todo», tienen que hacer entender a los compañeros de clase que no deben consentir el acoso. «La reprobación social al agresor de sus compañeros es el arma más efectiva».
