Política

El PP dice que los alcaldes socialistas eran los que más convenios firmaban

Afirma, tras la querella de Núñez Arias, que la Comunidad puso límites al desarrollo urbanístico

29.01.2016 | 04:00

El Partido Popular de la Región de Murcia respondió ayer con un comunicado a la querella que el empresario gallego Manuel Núñez Arias, uno de los condenados por el caso Tótem, ha dirigido contra el expresidente Valcárcel y una docena de personas entre las que hay consejeros, exconsejeros y exaltos cargos del PP en la Región, a quienes acusa de formar parte de «una trama piramidal» que aprobaba convenios urbanísticos sin permiso de la CHS y bajo el amparo del Ente Público del Agua. La querella, que apunta a una presunta financiación ilegal del PP en la Región, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia.

El comunicado del PP tiene siete puntos. Primero, aclara que «la construcción de la desalinizadora de Escombreras obedeció a una decisión política cuyo objetivo consistía en abastecer de agua, tanto para beber como para la agricultura, a una región como la nuestra que, tras la derogación del trasvase del Ebro, así como la amenaza de clausurar el vigente trasvase Tajo-Segura, se vio obligada a buscar fórmulas encaminadas a mitigar el serio problema de falta de agua». Entiende el PP que «carece del más mínimo sentido mantener la hipótesis de que una desaladora cuya producción máxima estará en torno a 21 hectómetros cúbicos sea la causante de los desarrollos urbanísticos propiciados por los ayuntamientos, y plasmados en convenios urbanísticos, porque, entonces, cabría preguntarse qué mayor grado de responsabilidad tendrían quienes desde el Estado decidieron construir plantas desaladoras (Torrevieja, Águilas...) cuya producción superará los 130 hectómetros cúbicos».

Recuerdan los populares que «la decisión sobre las políticas urbanísticas y la firma de los convenios fue una decisión exclusiva de los ayuntamientos». Por tanto, «desde la Comunidad nunca se ejerció presión alguna a los alcaldes, ni se les animó o sugirió tan siquiera, a que llevaran a cabo decisiones políticas en aras de tales desarrollos urbanísticos». No solo eso, dice el PP, sino que «el Gobierno regional convocó a los alcaldes para disuadirles de las nefastas consecuencias de una expansión urbanística desequilibrada», estableciendo la obligatoriedad de incorporar un informe de impacto territorial que evaluara el coste de lo servicios públicos vinculados a los desarrollos urbanísticos».

También señala el PP que los convenios urbanísticos fueron firmados «mayoritariamente por alcaldes socialistas, en términos tanto relativos como absolutos, lo que desdice la acusación de financiación irregular del PP».

Sobre el Ente Público del Agua, el PP regional dice que tomó todas sus decisiones «en base a sólidos informes jurídicos».

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