Entrevista
Juan Miguel López Blanco, presidente de CSI-F en la Región. 

"Creemos que en el Servicio Murciano de Salud hay quien gana casi 200.000 euros al año"

Sostiene que su sindicato es el que más demandas ha presentado contra la Administración para reclamar contra los recortes a los empleados públicos

26.01.2016 | 04:00
"Creemos que en el Servicio Murciano de Salud hay quien gana casi 200.000 euros al año"

Critica el crecimiento de la plantilla de asesores que se ha producido en todas las instituciones y propone sustituirlos por los jefes de servicio a los que considera preparados para cumplir su cometido.

Juan Miguel López Blanco (Murcia, 1970) ha sido elegido presidente del CSI-F en la Región, después de tres años y medio al frente de la gestora que ha dirigido el sindicato.

Su organización tenía fama de ser la que mejor se entendía con la Administración.
Pues somos el sindicato que más demandas ha puesto contra la Administración en los últimos años. Somos además el sindicato que menos acuerdos ha firmado, porque solo contemplaban recortes o porque no ofrecían garantías y eran papel mojado, porque se firmaban dos semanas antes de unas elecciones. Creemos que los acuerdos están para cumplirlos y en los últimos años la mayoría de los que se han firmado no se han cumplido. Los ciudadanos nos merecen un respeto y queremos hablar de una Administración pública a lo grande, no de casos particulares. Lo que queremos es hablar y entendernos, aunque hay otras organizaciones que nos cuelgan el sambenito, pero el único sindicato que puso demandas para reclamar la paga extra y contra la redistribución de festivos es CSI-F. No es que estemos en contra de la redistribución, pero sí de la forma en la que se ha realizado. También en los ayuntamientos somos los que planteamos más litigios.

¿Por qué tantas demandas?
Una administración debe ser ejemplar, porque es la que establece las reglas de juego a las empresas privadas. Si tú eres el primero que estás exigiendo ejemplaridad a la empresa privada, debes cumplir, porque no se puede jugar a la política sin antes asegurar el salario de los trabajadores. La Administración ha estado jugando de manera fácil con el salario de sus empleados y la primera medida que han tomado ha sido bajárselo, cundo lo primero es asegurar el sueldo, en vez de aventuras como los aeropuertos, las desaladoras o los auditorios que estamos pagando todos los ciudadanos de la Región. Se han cometido muchos disparates. Además, se cree que en la Administración somos todos fijos, pero ha habido muchos laborales e interinos despedidos. Desde 2008 hay 72 funcionarios despedidos cada día en España. En la Región hay ayuntamientos que están planteándose un ERE.

Muchos son trabajadores de empresas creadas en la época de aventuras, como usted dice.
Lo que ha salido sobre todo es personal docente, porque han aumentado la ratio, con lo cual la calidad de la enseñanza se ha visto mermada: no es lo mismo atender a 25 que a 35; en los servicios de salud no se contrata y si no se quiere derivar a las clínicas para pagar aún más, volvemos a lo mismo. Si lo que pretendemos es dar subvenciones, por ejemplo, para la compra de libros, en menoscabo del servicio que se recibe, esto es muy sencillo: con menos gente hay menos calidad del servicio. Tampoco se ha puesto la carrera profesional para determinar qué requiere la Administración, hacer una carta de servicios y ver qué administración los ofrece, para que no haya duplicidades. Sin embargo, el problema ha sido lo que llamamos administración paralela, las empresas públicas, las fundaciones y demás chiringuitos poco controlados, que han servido para meter a todo tipo de personajes con dinero público, que no han entrado con los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Unos de los colectivos que más ha crecido es el de asesores.
No entendemos el volumen de asesores que hay. Hace poco se publicó la lista de los asesores que hay en la Administración, pero no en las fundaciones ni en las empresas públicas. También habrá que ver qué perfil profesional deben tener esos señores. Lo que nos preguntamos es si deberían gobernar los asesores y así nos ahorraríamos el sueldo de los políticos.

¿La proliferación de los asesores se debe al deterioro del perfil de los políticos?
No enmendemos cuál es el perfil de los asesores, porque igual el que estaba en Agricultura mañana está en Hacienda. Tendría que haber un perfil definido para que no sea simplemente una forma de recolocar a los parientes y a allegados de los partidos. También los políticos deberían tener un perfil profesional para ocupar sus puestos. Tenemos concejales, directores generales y consejeros que han creado una macroestructura innecesaria, que pagamos los ciudadanos con impuestos. Podrían utilizar a los jefes de servicio por concurso, con igualdad, mérito y capacidad, y a lo mejor nos podíamos ahorrar el millón de euros que cuesta en la Comunidad. Eso es lo que se ha publicado, pero no sabemos lo que hay detrás. Por eso estamos pidiendo una oficina de Transparencia que permita saber a los ciudadanos cuánto ganan los funcionarios de la Administración regional, pero sin necesidad de poner nombres y apellidos, tal y como denunciamos ante Protección de Datos. Sin embargo, creemos que en el Servicio Murciano de Salud hay quien gana cerca de 200.000 euros al año.

¿Quién gana 200.000 euros?
Es personal de alto nivel dentro de la Administración y puestos de alta dirección. Lo que estamos pidiendo al SMS es que se publiquen los sueldos con un código, igual que tiene la Policía. También queremos que se haga en Educación, aunque allí no hay tantos. Y, si mañana se detecta una irregularidad, se podrá ver a qué se debe, pero no solo en lo negativo, también en lo positivo. A lo mejor se ve que se están sobrecargando determinados servicios.

¿No cree que los ciudadanos tienen derecho a saber quién es y por qué gana tanto?
Pues hay gente que entre peonadas y otros conceptos está ganando esta cantidad. Nosotros somos partidarios de que se dé la cifra con un código y, si es irregular, habrá que investigar quiénes son, pero se debe cuidar la intimidad de los empleados públicos, porque hay gente que está recibiendo amenazas. En la lista que se hizo pública había mujeres que habían sufrido violencia de género e incluso empleados amenazados por terrorismo.

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