«Un ataque a la libertad de enseñanza». Esta es la frase en la que coinciden todas y cada una de las organizaciones de la enseñanza concertada de la Región a la hora de valorar la enmienda aprobada de Podemos, apoyadas por PSOE y Ciudadanos (C's), destinada a recortar tres millones de euros la partida a los colegios concertados que, según la consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, afectaría a «más de 1.100 niños que habría que asumir en el sistema público y 75 profesores irían a la calle».

La sorpresa y la indignación se han instalado en el seno de dichas organizaciones. Sorpresa por, tal y como explica la hermana Alicia Plaza, portavoz de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), «estar ante un engaño por parte de los partidos políticos», haciendo referencia a que C's «siempre dijo que no tocarían a la enseñanza concertada y no lo han cumplido». Asimismo, destacó que esta enmienda es «un ataque frontal a la libertad de enseñanza, que va en contra de la Constitución». En este sentido, la hermana Plaza asegura no entender «cómo los que no ganaron las elecciones vayan a ser los que elijan dónde se van a educar los hijos de los ciudadanos». Para FERE esta decisión supone «un golpe muy duro».

Por su parte, desde la Asociación de Centros de Enseñanza Privada (CECE) también destacan «la falta de palabra de C's, partido que dijo que iba a respetar la enseñanza concertada», tal y como defiende su presidente, José Francisco Parra. Asimismo, explica que con esta medida «no se garantiza el derecho de los padres a decidir dónde llevan a sus hijos a estudiar», a la vez que defiende que «todas estas luchas políticas las pagamos los ciudadanos y, en el caso de la educación concertada, supondrá el cierre de colegios y el despido de profesores». Igualmente sorprendido manifestaba estar Juan Antonio Pedreño, presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm). Ayer aseguró a esta Redacción haber recibido la noticia de la aprobación de la enmienda «con mucha preocupación y con sorpresa, ya que los compromisos con la enseñanza concertada no eran esos».

En este sentido, recordó que Miguel Sánchez, portavoz de C's en la Asamblea Regional, «aseguró en público y ante la presencia de numerosos cooperativistas que la enseñanza concertada no se iba a tocar». Desde Ucoerm lo que reclaman es «mantener los conciertos actuales y asegurar el crecimiento vegetativo». Si esto no es así, Pedreño mantiene que «muchos centros se verán abocados al cierre y se tendrá que despedir a gente». Las organizaciones que aglutinan a los centros concertados lo tienen claro y señalan a los partidos de la oposición de querer «acabar con la libertad de enseñanza». Pero no solo ellas. Los padres de los alumnos de estos centros también coinciden en esta valoración. Así, Víctor Escavy, presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de la Región (Concapa), aseguró que esta medida es «una falta de honestidad y de sentido común por parte de los políticos». «Falta de honestidad porque dijeron que no iban a tocar el presupuesto de las concertadas y falta de sentido común porque están jugando con la libertad de elección de los padres», añadió Escavy. Asimismo, asegura que si «esto saliera adelante, al final, nos tocará pagar a los padres, porque no vamos a dejar a nuestros hijos sin la educación que hemos decidido darles».

Por último, el secretario general de FSIE Murcia, el sindicato mayoritario en la enseñanza privada concertada, Juan Pedro Hurtado, aseguró que la aprobación de la enmienda «ha sentado muy mal». «Si se cumple supondrá que unos setenta profesores se vayan a la calle y el traslado de alumnos a otros centros», añadió. Hurtado también destacó que «sería una medida contraria a la Constitución y afectaría al crecimiento vegetativo en los centros».

Todas estas organizaciones ofrecerán hoy una rueda de prensa conjunta donde valorarán la aprobación de la enmienda sobre reducción de la partida presupuestaria dirigida a este sector.