El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que el Gobierno central presentó contra la ley de energías renovables de Murcia, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región (BORM) en abril de 2015 y que modificaba otra de 2006 sobre la misma materia. Con esta ley el Gobierno regional trata de evitar que los propietarios de las viviendas que producen energía fotovoltaica y a la vez son consumidores de energía eléctrica tengan que pagar un peaje por verter la electricidad que generan a la red de la compañía distribuidora.
Posteriormente el ministerio de Industria ha elaborado una ley que, según Anpier, penaliza a los productores de energía fotovoltaica, haciéndoles pagar más que cualquier otro usuario por la electricidad que consumen.
El recurso del Gobierno central se centra en la impugnación de un apartado del nuevo texto legislativo que añade un artículo a la anterior para regular lo relativo a las instalaciones para aprovechamiento y consumo directo de fuentes de energía renovables y a las instalaciones de intercambio de energía.
La resolución del Constitucional señala que se ha dado traslado del recurso de inconstitucionalidad al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno murciano y a la Asamblea Regional, que tienen quince días de plazo para personarse en las actuaciones y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
El Constitucional ha rechazado también el recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra la nueva fórmula de retribución de las energías renovables.
