Infraestructuras

Aeromur debe devolver a la Comunidad los 182 millones del aval

El TSJ reconoce a la Comunidad el derecho a cobrar este dinero que puso para que la sociedad pudiera recibir los créditos para construir la obra - Este mes se cumplirán los cuatro años desde que la obra acabó y la infraestructura está cerrada

22.01.2016 | 04:00
Imagen de la torre de control del aeropuerto de Corvera

El Tribunal Superior de Justicia de la Región ha reconocido a la Comunidad Autónoma el derecho a exigir la restitución de los 182,6 millones del aval del aeropuerto de Corvera que prestó a Aeromur y que tuvo que asumir hace dos años a costa de aumentar la deuda de la Administración regional y de sufragar los intereses generados por el crédito desde entonces.

El TSJ ha emitido un auto que obliga a la antigua sociedad concesionaria del aeropuerto de Corvera, Aeromur, que está liderada por Sacyr, «a prestar garantías económicas por el importe del aval» que le concedió el Gobierno autonómico para construirlo, de 182.628.215 euros. Así se lo ha anunciado el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, a los directivos del Círculo de Economía, con los que mantuvo un encuentro.

Según sus palabras, esta resolución pone fin a un recurso de reposición interpuesto por la empresa, que trataba de suspender la obligación de reembolsar esa cantidad a las arcas regionales y que ha sido desestimado ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ. Con este auto, el Gobierno ha gana dos de los tres pleitos interpuestos por Aeromur a causa de la revisión del contrato, la rescisión de la concesión y la restitución del aval de 182,6 millones.

Bernabé también anunció hace varias semanas que el TSJ había dado por bueno igualmente la decisión del Ejecutivo de incautarse del aval de unos siete millones de euros que tuvo que poner la compañía cuando obtuvo la concesión. Gobierno y Aeromur tendrán que negociar ahora la liquidación de las cuentas.

El aeropuerto de Corvera, que a finales de este mes cumplirá cuatro años cerrado, ha generado un gasto superior a los 30 millones de euros entre las facturas del mantenimiento y la seguridad, los intereses financieros y las gestiones destinadas a conseguir las autorizaciones de Aviación Civil y de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) necesarias para empezar a operar.

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