Tribunales

La acusación popular pide 16 años de cárcel para los exdirectivos de la CAM

El letrado de un millar de clientes que compraron cuotas participativas cuando la caja ya tenía pérdidas acusa a la excúpula de cuatro delitos

20.01.2016 | 04:00
Modesto Crespo.

Dieciséis años de prisión por los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, falsedad en documento mercantil y falseamiento de las cuentas anuales. Es la pena que para cada uno de los ocho exresponsables de la CAM contra los que el magistrado Javier Gómez Bermúdez abrió juicio oral en la denominada pieza principal acaba de solicitar el letrado Diego de Ramón, quien en este procedimiento representa a cerca de un millar de clientes con cuotas participativas.

La popular ha sido la primera de las acusaciones que ha presentado el escrito después de que la magistrada Carmen Lamela, quien en la actualidad se encuentra al frente del juzgado de Gómez Bermúdez, diera un plazo de dos semanas a las partes para que formularan sus imputaciones. De Ramón, que hace suyos los argumentos que aparecían en el auto en el que se procesó a los ocho acusados, mantiene que el último presidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa alteraron la contabilidad de los ejercicios 2010 y 2011 reflejando beneficios cuando había pérdidas.

Según hace constar en su escrito, este presunto falseo de las cuentas «se hizo en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección y su finalidad era la integración en el SIP y posterior difusión con otras cajas de ahorro para diluir el verdadero estado de la caja y así poder cobrar los incentivos por los resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad, ocasionando así un perjuicio», según se afirma en el escrito.

En concreto hace alusión a los balances de 2011, cuando se «aparentaron» unos beneficios de 60 millones cuando las pérdidas eran de 1.136 millones. El letrado sostiene que al ser remitidos estos datos al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que los publicó, «agravaron la situación de insolvencia de la entidad, perjudicó a los inversores (en referencia a los compradores de cuotas y preferentes) y demoró la adopción de medidas necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió: la inyección de 5.249 millones de dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos para evitar el riesgo que suponía para el sistema financiero español». El abogado de los cuotapartícipes no se olvida del papel que jugaron las titulizaciones (la venta de créditos fallidos pero con opción de recompra, con lo que la caja se desprendía ficticiamente del riesgo) ni de los más de 47 millones que miembros del comité de dirección «cobraron indebidamente por diversos conceptos».

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