«Parece que están empeñados en no dejarnos vivir, dentro de nada pondrán un recurso porque respiramos». Así de contundente se mostró ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, ante la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Ejecutivo central de autorizar varios contratos de cesión de derechos de agua entre las comunidades de regantes del Canal de Estremera y La Poveda, en Madrid, y 22 comunidades de regantes integradas en el Scrats.

«Es insufrible la animadversión que tienen hacia esta Región», recalcó Claver, apuntando que están tirando el dinero de los contribuyente manchegos, porque «no han ganado ni un solo pleito interpuesto contra nosotros en los últimos años».

El presidente de los regantes explicó que esa compra de agua, «que fue este verano y ya está consumida y pagada», se autorizó después de un proceso «escrupuloso» por parte de los responsables de la Dirección General del Agua del Ministerio.

No opinan lo mismo desde la Comunidad vecina, ya que, según el portavoz regional, Nacho Hernando, el Ejecutivo ha encontrado cinco argumentos jurídicos en contra de esa autorización, informa Efe. En concreto, señaló que hay «una improcedencia» en la cesión de estos derechos al haber obras de transformación dentro del Plan de Inversiones del Plan Hidrológico del Tajo y ser declaradas de interés regional.

«Es decir, resulta injustificable que por un lado se diga que es necesario invertir dinero público para que el riego sea eficaz y que, a su vez, se intente argumentar que no es necesario y que se puede ceder el agua que se iba a destinar esta zona», argumentó. Además, «se ignoró» la Ley que da carácter preferente a la cuenca del Tajo en las posibles cesiones.