La antigua concesionaria y el Gobierno regional tienen en torno a una docena de pleitos en la Sala de lo Contencioso del TSJ que no acaban de resolverse. Sin embargo, de ser admitida a trámite la querella para investigar el trato del Gobierno a Sacyr, se destaparía la caja de los truenos que algunos consejeros y exconsejeros esperaban desde el 14 febrero de 2014. El día de San Valentín del año pasado el Gobierno decidió dejar en suspenso sin pedir garantías bancarias la reclamación de la deuda de 182 millones que el entonces titular de Hacienda, Juan Bernal, había requerido a Aeromur tras la ejecución del aval del que la concesionaria se había desentendido.

Aquel acuerdo fue adoptado a propuesta del exconsejero de Fomento Manuel Campos, con el único voto en contra de Bernal. Después, Campos le concedió a Aeromur el título de gestor aeroportuario, a pesar de que el Gobierno le había rescindido el contrato y estaba pagando los intereses del aval, mientras que la empresa ni siquiera estaba dispuesta a poner garantías para que la Comunidad le aplazara la deuda.

La situación se complicará aún más cuando el Gobierno que votó a favor de la propuesta de Campos y en contra de la de Bernal, entre los cuales se encontraba el propio presidente, Pedro Antonio Sánchez, que entonces era consejero de Educación, tenga que responder por la deuda que han generado las gestiones infructuosas de Aeromur para conseguir la apertura del aeropuerto entre febrero y diciembre de 2014, incluidos los vuelos de calibración. Las buenas relaciones volvieron a romperse hace un año, cuando el entonces presidente del Gobierno, Alberto Garre, volvió a exigir que aportara las garantías requeridas con anterioridad por el exconsejero Bernal. El propio Garre dejó claro que la Administración regional está obligada a exigir este tipo de avales a los contribuyentes para aplazarle una deuda superior a 18.000 euros.

Aeromur ha dejado claro que pasaría a la Comunidad la factura de los trámites infructuosos que ha realizado para conseguir la apertura del aeropuerto, lo que tarde o temprano obligará al Gobierno a responder de unos gastos que no están sustentados por ningún contrato con Aeromur, salvo los compromisos adquiridos por Manuel Campos. La ejecución del aval y el pago de los 22.000 euros al día en intereses -suavizados después al traspasar parte de los créditos del aval a otros préstamos del FLA- impedirían legalmente cualquier acuerdo contractual con la ya exconcesionaria.