Las reservas en los pantanos de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, los que deciden si se envía agua al Segura o no, han cerrado el año 2015 con 317 hectómetros cúbicos, el 40% prácticamente de lo que almacenaban en octubre de 2013 (720 hectómetros cúbicos). En estas circunstancias, con la llegada de 2016 se prohiben los trasvases entre ambas cuencas porque entra por primera vez en vigor la norma del memorándum, firmada hace tres años por las comunidades y los regantes, que establece para este nuevo año que para cualquier autorización las reservas deben situarse en 324 hectómetros cúbicos.
El Segura se enfrenta a una situación insólita desde que en 2013 se llegara al acuerdo para, precisamente, quitar de la discusión polìtica cuándo y cómo se puede trasvasar agua entre ambas cuencas. Aquella norma establecía para el horizonte de 2018 unas reservas en la cabecera del río cedente, el Tajo, de 400 hectómetros cúbicos y un plazo para alcanzarlo de cinco años de forma que cada año se aumentaran éstas en 32 hectómetros cúbicos desde los 240. Pues bien, dos años antes de lo que muchos consideraban que podía suponer un problema (con la famosa cota de los 400 hectómetros), este ya está aquí y al tratarse de una norma con rango de ley nadie puede saltársela.
¿Soluciones? Mirar al cielo y esperar que llueva, algo que no está previsto hasta marzo por un anticiclón que no nos abandona. No hay más o sí, un real decreto-ley que permita los trasvases de forma excepcional entre ambas cuencas; es decir, una medida extraordinaria.
Infraestructura
Desde el año 1981 se establecen unas aportaciones máximas entre ambas cuencas de 600 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, ni que decir tiene que en la historia de esta infraestructura nunca se ha enviado tanta agua; de hecho, la media de las aportaciones ronda los 350 hectómetros anuales (el 75% en teoría debería destinarse al regadío y el 25% restante al consumo humano). De hecho, el propio memorándum podría haberlo variado a una cantidad más real con la situación, pero no, se mantuvo. Saber cómo se va a gestionar esta nueva situación de la que nadie habla es imposible de conocer aunque en Castilla-La Mancha se frotan las manos porque el Memorándum, en estos momentos, les da la razón por primera vez a su decisión de cerrar el grifo que aporta unos datos espectaculares al turismo, la agricultura y el empleo: cien mil puestos de trabajo o 2.700 millones de euros. Ya no hace falta ni esperar a ver qué dice la Comisión Europea sobre las denuncias que presentaron contra dicha norma los miembros de la Plataforma de Talavera de la Reina en defensa de los ríos Tajo y Albarda, tampoco importa mucho lo que opine el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Paje (PSOE), ni que se haya sucedido aquella reunión que en agosto propuso a su homónimo valenciano, Ximo Puig, para analizar la situación. Ahora es la ley la que dice que no existe el trasvase hasta que la cabecera del Tajo se recupere por encima de esos 336 hectómetros que marcan la reserva estratégica para 2016 (en 2017 serán de 368 hectómetros y, finalmente, en 2018, de 400 hectómetros cúbicos).
