La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha anulado una orden de expulsión de un inmigrante acordada por la delegación del Gobierno contra aquél, cuyos antecedentes penales tenidos en cuenta ya habían sido cancelados.
En la sentencia, la Sala deja sin efecto, de momento, esa decisión y dice que se le debe conceder un plazo máximo de treinta días para que manifieste si decide abandonar España de manera voluntaria. De no hacer uso de ese derecho, la administración sí podrá llevar a cabo las medidas que considera oportunas para materializar la expulsión y fijar la prohición de entrada.
El TSJ considera que no existen indicios de riesgo de fuga ni representa un peligro para el orden público.
