La noticia fue recibida entre los productores de energía solar con «preocupación» y como «un nuevo ataque a los intereses de la Región»: el pasado jueves trascendía que el Tribunal Constitucional había desestimado el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo regional contra el decreto-ley 9/2013, el recorte que fijó el Gobierno nacional al sistema eléctrico y que afectó a unas 20.000 familias murcianas que optaron por la energía renovable.
No obstante, pese al palo judicial, los productores solares estiman que es una lucha de largo recorrido y albergan esperanzas en otra noticia conocida también esta misma semana: el Tribunal Supremo -que recogió no sólo el decreto que impugnó la Comunidad, sino también las disposiciones judiciales posteriores- consideraba que hay indicios de inconstitucionalidad y remitía la causa en su totalidad al Constitucional.
A ello se aferra el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Solar Fotovoltaica (Anpier): «Ahora se tendrá que pronunciar sobre todo el conjunto legislativo», aseguró Martínez-Aroca ayer a este diario. En concreto, se refiere a la ley 24/2013 del sector eléctrico y el real decreto 413/2014. Y es que cuando la Región reclamó, estas dos disposiciones no se habían hecho públicas.
«La rabieta del ministro Soria»
El presidente de Anpier tiene claro que la noticia del fallo del Constitucional sobre el recurso murciano «fue una filtración del ministro de Industria», José Manuel Soria, al conocer la decisión del Supremo: «Fue una rabieta, una irregularidad que denunciamos». Y es que, según afirma Martínez-Aroca, «la sentencia del TC no ha sido comunicada a ninguna de las partes personadas». En concreto, «los servicios jurídicos de la Región no han recibido ninguna notificación», asevera.
«Es la dramática paradoja del PP: mientras en Murcia se recurre, en clave nacional impide que el sur de España se beneficie del abaratamiento de la energía», añade el líder de Anpier antes de zanjar: «Si el Constitucional no falla a nuestro favor, acudiremos al Tribunal Superior de Justicia de la UE».
