La Guardia Civil ha intervenido más de 200 kilos de alimentos, la mayoría caducados, como legumbres, guisantes golosinas, galletas, sopa y preparados, pasta y bollería, y más de medio centenar de botellas de bebidas alcohólicas.

Todo ello fruto de las 32 inspecciones realizadas durante este mes en establecimientos de la capital murciana y sus pedanías, así como los municipios de Molina de Segura, Archena, Blanca, Jumilla, Bullas, Calasparra, Mula, Torre Pacheco, Cartagena, Fuente Álamo, Librilla, Alhama de Murcia, Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas y Mazarrón. Los alimentos caducados han sido inmovilizados y se han denunciado todas las infracciones detectadas.

Entre las infracciones detectadas se encuentran deficiencias en el etiquetado de los productos o que carecen del mismo, carecer del preceptivo carné de manipulador de alimentos, carecer de registro sanitario y almacenar productos alimenticios en lugares no apropiados para ello y deficiencias en limpieza e higiene entre otras.

Algunas de las infracciones en materia documental no están relacionadas con la legislación alimentaria, sino con documentos genéricos para la apertura y funcionamiento de establecimientos de venta de alimentos, como carecer de licencia de apertura.

El objetivo de esta operación, desarrollada a nivel nacional, es detectar actividades irregulares en unas fechas donde el incremento del consumo provoca la puesta en el mercado de alimentos que no cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria, falsificación de etiquetados y denominaciones de origen, la adulteración y venta de productos caducados o en mal estado, así como el transporte, distribución y almacenaje de alimentos sin control sanitario o sin respetar otros requisitos legales.

Para desarrollar las inspecciones, la Benemérita ha establecido varios equipos de inspección formados por más de 40 guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que han realizado controles en prácticamente toda la geografía regional.

Estos equipos de inspección han detectado y denunciado 74 infracciones administrativas recogidas en las leyes que regulan materias tan importantes como Sanidad, Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Industria y Protección Ambiental.

Los objetivos fijados en estos servicios son la protección de la salud pública, luchar contra los grupos organizados dedicados al comercio ilegal de productos de alimentos falsificados, potenciar la cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad y las agencias reguladoras de productos alimenticios y mejorar la cooperación con las empresas privadas pertenecientes a la industria alimenticia.

Con esta campaña se pretende concienciar a distribuidores y comerciantes de la necesidad de observar el cumplimiento de la normativa nacional y europea en materia de seguridad alimentaria, así como al consumidor para que preste atención a los etiquetados y la calidad de los productos que adquiere.

A nivel nacional, se han intervenido 102.440 kilos de alimentos y cerca de 27.000 litros de bebidas, 65.176 pastillas edulcorantes y 752 jamones que, de haber entrado en el mercado, hubieran supuesto un grave peligro para la salud.

También se han realizado 1.714 controles e inspecciones, resultando como infractores 684 personas. Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido seis delitos, por los que se ha detenido a ocho personas y se ha investigado a otras 16.

RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMIDOR

En caso de detectar alguna irregularidad en la fabricación, distribución, comercialización y consumo de productos alimenticios se aconseja ponerse en contacto con la Guardia Civil en el teléfono '062', así como consumir en estas fechas en sus establecimientos habituales.

En caso de dudas sobre el producto preguntar sobre su procedencia y características a los responsables del establecimiento.

Y cuando se consuma en establecimientos en los que no suele hacerlo, comprobar que el etiquetado del producto está en alguna lengua oficial de España

Hay que revisar la fecha de caducidad de los productos que se compran y desconfiar de precios anormalmente reducidos y que se alejen del coste normal del producto, especialmente cuando se trate de productos de marca o con denominación de origen.

Finalmente, en caso de duda, se puede consultar a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutricional, organismo competente en esta materia.