El pleno de la Asamblea Regional convalidó ayer el decreto-ley del Gobierno regional que permitirá a los ayuntamientos, consorcios y mancomunidades municipales de la Región aplazar hasta finales de 2018 el reintegro o la justificación de los 107 millones de euros de subvenciones del Ejecutivo autonómico.

El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado noviembre, fue convalidado con los votos a favor del PP, el PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos, por lo que las entidades no estarán obligadas a reintegrar o justificar la subvención recibida hasta el 31 de diciembre de 2018, tres años más tarde de lo previsto por una ley de 2011.

En su intervención, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, señaló que el propósito es «regularizar urgentemente» la situación generada por la imposibilidad de los ayuntamientos, consorcios y mancomunidades de poder afrontar la devolución del dinero adelantado en un contexto de crisis generalizada.

A su juicio, esta normativa posibilitará que los servicios básicos que presta la Administración local «no se vean afectados» por tener que devolver las subvenciones dadas antes de comenzar la crisis, destinadas en su mayor parte a educación (30,4 millones); obras y emergencias (19,3), cultura (19,7), Fomento (17), política social (13,2) y Patrimonio (1,2 millones).

El socialista Alfonso Martínez Baños señaló que la norma es «un acto de justicia» hacia los ayuntamientos, aunque recordó que el Gobierno no hubiera necesitado recurrir a un decreto-ley si hubiera aceptado la proposición de ley «exactamente igual» en sus postulados que el PSOE presentó el pasado octubre. «Bienvenida sea la rectificación», señaló.

María Ángeles García Navarro, de Podemos, criticó que el decreto-ley no especifique qué consorcios son los que van a poder acogerse a esta moratoria.

Luis Fernández, de C's, señaló que había que aprobar esta norma «sí o sí» por «la ineficiencia» del Gobierno regional.

Marcos Ortuño, del PP, dijo que le decreto-ley no hubiera sido necesario si el presupuesto de la Comunidad estuviera aprobado.