La próxima oferta de empleo público de personal funcionario y estatutario de la Comunidad regional se reservará un cupo de un 2% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual, según acordó ayer el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo aprobó un acuerdo que establece las directrices para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un empleo en la Administración.

El objetivo es «favorecer su inserción laboral como factor esencial en el proceso de integración social de este colectivo».

El Ejecutivo dio el visto bueno además a un contrato de adquisición de viviendas de segunda mano por parte de la consejería de Fomento e Infraestructuras, que se destinarán al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial, con un importe de 662.500 euros. Fue autorizada la suscripción de un convenio con el ministerio de Educación y la entidad pública Red.es para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes de Primaria y Secundaria de la Región, para lo que esta entidad aportará 10.407.400 euros.

Fue aprobado un convenio con el ministerio de Sanidad para el intercambio de información de los usuarios de servicios sociales.