La autovía del Noroeste, que el Gobierno regional financió mediante peaje en sombra, ha generado un beneficio de 485 millones en doce años, según un informe realizado por el interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro. El estudio ha sido elaborado con el objetivo de hacer una estimación de los beneficios que ha producido desde su puesta en marcha, teniendo en cuenta el coste que supone para la Comunidad Autónoma. Los parámetros utilizados para medir la utilidad de esta infraestructura permiten calcular que la obra ha evitado 23 muertes en accidentes de tráfico y 558 heridos.
El resultado se considera satisfactorio, teniendo en cuenta que el beneficio llegó a alcanzar los 44,5 millones solo en el año 2007, antes de que la crisis empezara a reducir el número de usuarios, mientras que el canon anual abonado a la empresa concesionaria ha oscilado entre los 10,2 millones del año 2003 y los 13,3 del año 2014.
En total, el contrato suscrito por la Comunidad ha costado 155,4 millones hasta 2014. Una vez deducida esta cantidad, el beneficio estimado se sitúa en 329,9 millones, lo que supone más del doble. A la vista de estos datos, el interventor concluye que «se han cumplido y superado todas las hipótesis de rentabilidad social», a excepción de los últimos años.
La autovía de Murcia a Caravaca fue una de las primeras infraestructuras que acometió el Ejecutivo regional de Ramón Luis Valcárcel, junto con la del Mar Menor. Su construcción era una vieja reivindicación de los municipios situados en las comarcas del Río Mula y del Noroeste, que hasta entonces solo disponían de una carretera en malas condiciones, que alargaba el tiempo de viaje.
Para evitar que la obra lastrara las cuentas de la Comunidad, el Gobierno optó por financiarla mediante el peaje en sombra, abonando un canon a la sociedad concesionaria en función del número de vehículos que la utilizan anualmente. De acuerdo con el contrato, que fue firmado en julio de 1999, la concesión estará en vigor durante 27 años. Una vez transcurrido este plazo, la autovía pasará a ser de la Comunidad.
El importe del canon ha ido subiendo desde los 10,7 millones de 2002 a los 13,3 millones en 2014.
La autovía fue utilizada en 2002 por cerca de 7.000 turismos y 1.351 camiones, los que sumaron 8.351 vehículos en total. Alcanzó el mayor tráfico en 2007, con 10.500 turismos y 2.183 vehículos pesados, que suman en total 12.179 usuarios. De no haber existido la autovía se calcula que habrían utilizado la carretera poco más de 8.000 vehículos.
La crisis se dejó notar en el tráfico a partir de 2007 con una caída continuada, aunque en 2014 ha cambiado la tendencia y ha vuelto a crecer hasta alcanzar los 10.553 usuarios.
Según los datos recogidos en el informe del interventor, la construcción ha permitido un ahorro de 24 minutos de viaje para coches y de 25 minutos para los vehículos pesados. Este cálculo se ha realizado tomando como referencia una velocidad de 100 kilómetros por hora para los turismos y de 90 para los vehículos pesados.
El recorte en la duración del trayecto ha supuesto un ahorro de 253 millones en el cómputo de los vehículos ligeros y de 83 para los pesados, lo que suma 337 millones en total. A esta cantidad hay que añadirle los beneficios que genera la reducción de la siniestralidad en la carretera, que ha permitido un ahorro de seis millones al haber evitado 23 muertes en la carretera, mientras que la reducción del número de heridos en 558 se traduce en un beneficio de 19,2 millones. En total, la reducción de la siniestralidad tiene una repercusión económica estimada en 25,3 millones de euros.
El informe destaca que también «la reducción de los siniestros por accidentes» han generado un «resultado positivo».
Se suman también 61,6 millones ahorrados en el consumo de carburantes y amortización de los vehículos y 60,2 correspondientes al bienestar social que han obtenido los usuarios.
En total, el estudio cifra en 485 millones los beneficios totales que ha aportado la autovía entre los años 2002 y 2014, que resultan muy superiores al coste de la infraestructura, que se está financiando mediante un sistema de pago aplazado.
Los cálculos que ha dado a conocer el interventor han tenido en cuenta las recomendaciones del ministerio de Fomento para la evaluación económica de las carreteras y los estudios de rentabilidad realizados por Arthur Andersen antes de la ejecución de la obra. Concluye que «entre los años 2002 y 2014 se verifica que se han cumplido y superado las hipótesis de rentabilidad establecidas previamente, dado el incremento significativo, excepto en las tres últimos ejercicios analizados».
