El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga un presunto caso de corrupción en las obras del tramo del AVE entre Crevillente (Alicante) y Murcia, que podría ascender a 17,2 millones de euros, decretó ayer la puesta en libertad del exsecretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante), Aníbal B.E., uno de los investigados en la causa.
La resolución estima así el recurso presentado por su defensor, el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, quien en el mismo había defendido que no existía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Además, el letrado expuso que este investigado tiene arraigo familiar y social y vecindad conocida y buena reputación, y en cuanto a la posible alteración de pruebas, añadía que ese riesgo no existía, «por haberse practicado, presumiblemente, todas las diligencias de investigación».
Aníbal B.E., que fue detenido e ingresado en la prisión de Campos del Río por estos hechos el pasado 8 de noviembre, ha pasado a la situación de libertad provisional, aunque deberá comparecer en el Juzgado los días uno y quince de cada mes. Además, según el auto, deberá hacer entrega de su pasaporte, lo que tiene previsto hacer hoy en la sede del Juzgado.
Según las investigaciones judiciales, tanto él como el que fuera juez privativo de Aguas de Orihuela, Jesús A.M., también investigado,pudieron beneficiarse, presuntamente, de 1,8 millones de euros aprovechándose de facturas falsas por obras no realizadas o abultadas en su importe.
Junto al presunto implicado puesto en libertad ayer hay otros tres todavía en prisión preventiva.
La punta del iceberg
Cuando la Agencia Tributaria inició la investigación pretendía descubrir una red dedicada a defraudar a Hacienda mediante la emisión de facturas falsas. Pero muy pronto los investigadores se dieron cuenta de que eso era sólo la punta del iceberg. Lo que se empezó para destapar un delito contra la Hacienda Pública, incluye ya otros como estafa, falsedad documental y pertenencia a organización delictiva.
Más de quince personas fueron detenidos desde que se descubrió el fraude el pasado mes de noviembre, además de otros imputados, en la operación. Y los investigadores mantienen que una de las empresas que participó en la trama, Obras Marimar, obtuvo, presuntamente, un enriquecimiento ilícito de en torno a treinta millones de euros.
Beneficios millonarios
A todos los detenidos, excepto a uno que ejerció como testaferro en varias sociedades fantasma, sin actividad alguna, se les atribuyen ´beneficios´ personales millonarios. Y todo ello gracias a una trama que, en torno al agua, quiso aprovecharse de las contrataciones por parte de Adif para la llegada del AVE a la Región.
La principal diferencia entre esta red y aquellas que sólo pretenden defraudar a Hacienda mediante la emisión de facturas falsas es que, en este caso, no sólo las obras que supuestamente realizaban eran inexistentes, sino que, pese a ello, las cobraban a las grandes empresas adjudicatarias del proyecto de la Alta Velocidad que les habían subcontratado. De ahí que en las diligencias se hable de estafa.
Y la implicación del Juzgado de Aguas de Orihuela en la trama no es otra que el supuesto acuerdo que consiguió tras negociar con Adif para encargarse por su propia cuenta de designar a esas empresas que ejecutarían las obras de reparación o reposición de los cauces o infraestructuras hidráulicas afectadas por el trazado del tren. Unos trabajos que, según fuentes cercanas a la investigación, nunca se hicieron, aunque sí se cobraron. Estas obras inexistentes se han venido 'ejecutando' en las últimas cuatro fases del proyecto del AVE, desde que los trabajos para traer la Alta Velocidad se iniciaron en Crevillente (Alicante).
