Casi 25.000 personas que trabajan en centros educativos de la Región, entre personal docente y conserjes, deberán demostrar a partir de ahora que no son pedófilos, según consta en el Real Decreto aprobado el viernes en el Consejo de Ministros referente al Registro de Delincuentes Sexuales, y que se incluye en la Ley de Infancia y Adolescencia.
La nueva norma, recogida en el artículo 13 de la Ley, establece que será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
El total de docentes a los que afectaría el Real Decreto sería de 24.267, de los cuales 10.250 son maestros de Educación Infantil y Primaria; 7.281 profesores de Secundaria; 988 de Formación Profesional y 5.748 profesores de la concertada. Además, también estarían incluidos en la nueva normativa los conserjes y ordenanzas de los centros que en la Región de Murcia ascienden a 420. Por tanto, serían exactamente 24.687 los trabajadores afectados.
Fuentes de la consejería de Educación explicaron que están a la espera de recibir indicaciones de los ministerios de Justicia y de Educación «para ver cómo hay que aplicarlo».
La norma afecta a todo el personal que esté en contacto con menores, por lo que habría que incluir al sanitario o deportivo, entre otros. Desde la consejería de Sanidad explicaron que, en referencia a los sanitarios, «aún está por ver si se incluiría a los pediatras; el ministerio de Sanidad y los representantes de las comunidades autónomas van a estudiar este asunto».
Desde la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), su secretario general, Ismael Cámara, manifestó que el sindicato «entendía y compartía la filosofía de la norma, porque proteger al menor es siempre lo primero», si bien puntualizó que se debería contar con el consentimiento de los docentes y que al registro sólo se pudiera acceder para conocer cada caso concreto de los trabajadores que optaban a un puesto y no de la generalidad. «Pero no nos debemos quedar ahí y se debe hacer mucho trabajo de prevención», apuntó Cámara.
