Normativa

Casi 25.000 trabajadores de centros educativos deberán demostrar que no son pedófilos

La Consejería espera recibir indicaciones de los ministerios implicados para poner en marcha el Registro de Delincuentes Sexuales

15.12.2015 | 04:00
Casi 25.000 trabajadores de centros educativos deberán demostrar que no son pedófilos

Casi 25.000 personas que trabajan en centros educativos de la Región, entre personal docente y conserjes, deberán demostrar a partir de ahora que no son pedófilos, según consta en el Real Decreto aprobado el viernes en el Consejo de Ministros referente al Registro de Delincuentes Sexuales, y que se incluye en la Ley de Infancia y Adolescencia.

La nueva norma, recogida en el artículo 13 de la Ley, establece que será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

El total de docentes a los que afectaría el Real Decreto sería de 24.267, de los cuales 10.250 son maestros de Educación Infantil y Primaria; 7.281 profesores de Secundaria; 988 de Formación Profesional y 5.748 profesores de la concertada. Además, también estarían incluidos en la nueva normativa los conserjes y ordenanzas de los centros que en la Región de Murcia ascienden a 420. Por tanto, serían exactamente 24.687 los trabajadores afectados.

Fuentes de la consejería de Educación explicaron que están a la espera de recibir indicaciones de los ministerios de Justicia y de Educación «para ver cómo hay que aplicarlo».

La norma afecta a todo el personal que esté en contacto con menores, por lo que habría que incluir al sanitario o deportivo, entre otros. Desde la consejería de Sanidad explicaron que, en referencia a los sanitarios, «aún está por ver si se incluiría a los pediatras; el ministerio de Sanidad y los representantes de las comunidades autónomas van a estudiar este asunto».

Desde la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), su secretario general, Ismael Cámara, manifestó que el sindicato «entendía y compartía la filosofía de la norma, porque proteger al menor es siempre lo primero», si bien puntualizó que se debería contar con el consentimiento de los docentes y que al registro sólo se pudiera acceder para conocer cada caso concreto de los trabajadores que optaban a un puesto y no de la generalidad. «Pero no nos debemos quedar ahí y se debe hacer mucho trabajo de prevención», apuntó Cámara.

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