Entrevista

"Si José López no está conforme con ceder competencias, prefiero retirar mi propuesta"

Adolfo Gallardo, presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, ha decidido dejar las cosas como están ante la oposición de Cartagena a su intento de conseguir que los ayuntamientos le cedieran las competencias que tienen en el comité ejecutivo del organismo

13.12.2015 | 17:13
Adolfo Gallardo, presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, posa en la terraza de la sede del Taibilla en Cartagena.

La pretensión del presidente de la Mancomunidad, Adolfo Gallardo (Madrid, 1953), de asumir las competencias que en este momento corresponden a los ayuntamientos ha tropezado con la negativa del alcalde de Cartagena, José López, en la última reunión del comité ejecutivo, tal y como informó LA OPINIÓN. La propuesta ha sido interpretada por el regidor cartagenero como un intento de reducir la capacidad de decisión de los municipios.

Le han criticado por querer asumir las competencias que tienen los ayuntamientos en el comité ejecutivo del Taibilla.
La Mancomunidad se rige por una ley muy antigua, de 1946. Como no se ha modificado, nos produce algunos problemas de funcionamiento. Esta ley establece que el órgano de contratación de la Mancomunidad es el comité ejecutivo. Pero hoy en día el comité se limita a ratificar acuerdos. Por ejemplo, en los próximos días celebraremos un comité al que vamos a llevar la aprobación de certificaciones que nos urgen, porque la financiación con fondos europeos nos obliga a abonarlas dentro de este año. Lo que pretendíamos es que las contrataciones que tiene que ratificar el comité ahora pudiera aprobarlas el presidente. Esta una de las cuestiones que se proponía delegar.

¿Por qué?
Puesto que la decisión del comité se limita a ratificar acuerdos de la mesa de contratación, en la que están entre otros, un abogado del Estado y un interventor, quienes hacen una propuesta y dan su conformidad, ni el comité ejecutivo ni el presidente la van a cuestionar. Nunca se han cuestionado. Por agilidad, pretendíamos trasladar estas atribuciones al presidente, que tampoco tiene ningún margen de maniobra. Probablemente no se ha interpretado correctamente. Esto de que el órgano de contratación sea un ente ajeno al organismo no pasa en ninguna otra institución. En la Confederación Hidrográfica del Segura está dentro de la propia CHS.

¿El abogado del Estado ha aclarado ya si la cesión de estas competencias municipales requiere la unanimidad de todo el comité?
Las decisiones que se han adoptado en la Mancomunidad no han sido por mayoría, han sido por unanimidad. Basta con que haya un ayuntamiento, como el de Cartagena, que no esté de acuerdo, para retirarlo. La necesidad de convocar los comités ejecutivos con más frecuencias nos crea muchos inconvenientes, porque hay que hacer las convocatorias y levantar acta, y todo esto es un trabajo adicional.

¿Retira la propuesta?
Si el ayuntamiento de Cartagena no está conforme, no tengo interés en mantenerla. No queremos entrar en polémicas.

También se ha dicho que hay fondos europeos asignados al Taibilla que pueden perderse por retrasos en las obras.
La Mancomunidad recibió una aportación de fondos europeos de 95 millones para el periodo 2007-2015, que se ha traducido en que hemos licitado en los últimos años, hemos construido y tenemos en construcción numerosas obras. Esa cantidad representa el 80% de la inversión, que es el porcentaje que nos devuelve Europa. Para recuperar estos fondos europeos el requisito es que nosotros hayamos abonado el importe de las obras a los contratistas. Esto ha requerido un esfuerzo importante de todo el mundo, sobre todo de los ingenieros y de los constructores que están haciendo las obras, la mayoría de las cuales se licitaron en 2012 y 2013, pero las previsiones apuntan a que vamos a cumplir al cien por cien nuestros compromisos.

¿En estas inversiones se incluye el Canal de Murcia?
Es una de las obras más importantes, porque va a permitir garantizar más, si cabe, el abastecimiento de agua a la ciudad de Murcia y su entorno, incluyendo Molina de Segura. Además, posibilitará que en caso de necesidad el agua de la desalación llegue a Murcia.

¿Cuándo termina el plazo?
En diciembre de este año. Por eso tenemos la necesidad de convocar el próximo comité ejecutivo, en el que llevamos, entre otras cosas, la aprobación de las certificaciones. Una vez aprobadas, las abonaremos y las remitiremos a Europa para que nos devuelva el dinero.

También había quejas por el retraso en el pago a los proveedores.
Hay una reforma que no ha trascendido, porque es una cuestión administrativa, pero que obliga a la Mancomunidad, al igual que el resto de organismos autónomos, a la fiscalización de cualquier orden de pago por parte de un interventor. Eso antes no era así, pero lleva su tiempo, porque el interventor también es humano, tiene su equipo, sus medios limitados y retrasa los pagos. Pero el retraso que se está produciendo es un retraso asumible. Estamos pagando con una demora de dos meses y medio. Hay facturas que el interventor no las ve correcta y las repara. Eso significa que pide explicaciones, y es cuando se produce el retraso. Este año ha habido otro hecho importante, la introducción de la factura electrónica. Eso también ha creado inconvenientes. El problema es que ha habido empresas que no se han adecuado con la rapidez que sería conveniente a la emisión de facturas electrónicas. Eso ha cambiado un poco el engranaje para las empresas y para la Mancomunidad y ha influido algo en el retraso.

Las empresas se quejan de que la nueva ley da 30 días para pagar.
Sí. Eso es lo que dice la ley. Pero la Intervención necesita 30 días. Y yo no me quejo de la Intervención. A mí me da toda la garantía del mundo. Con el requisito de fiscalización previa va a ser difícil. Nosotros apretamos todo lo que podemos, pero no podemos hacer nada. En el caso de la intervención de las facturas electrónica, los reparos se han ido reduciendo a lo largo del año. Esto también ha incrementado el trabajo del personal de la Mancomunidad, sin que el Ministerio nos habilite más recursos humanos. A las personas que estaban haciendo el trabajo se les ha duplicado.

Desde que se supo que el Ministerio quería fusionar al Taibilla con la sociedad que gestiona sus desalinizadoras, Acuamed, el temor no ha llegado a desaparecer.
A principios de legislatura hubo una polémica importante, en la que yo me sentí muy respaldado por los alcaldes, pero en este momento no tiene sentido. Los cinco alcaldes más importantes de la Mancomunidad me acompañaron y fuimos a ver al secretario de Estado para decirle que no se quería la fusión con Acuamed. El Ministerio entendió perfectamente los argumentos que se le expusieron, pero a estas alturas de legislatura no hay ni mucho menos intención de retomar ni de volver a la polémica. La Mancomunidad tiene unos convenios con Acuamed que nos permitirían utilizar el agua de sus desalinizadoras (Águilas, Valdelentico y Torrevieja) en caso de que fuese necesario, pero entendemos que los usuarios del Taibilla no deben pagar los costes de estas plantas. Trasladar estos costes al usuario obligaría a elevar las tarifas, pero hace años que está claro que no debe hacerse.

¿La doctrina de Europa no es que los usuarios de las inversiones paguen su coste?
La directiva europea no habla de recuperación de costes. Al usuario de la Alta Velocidad no se le traslada el coste de la infraestructura. Entonces nadie podría viajar en el AVE. La recuperación de costes tendrá que ser sostenible.

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