El alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, del PP, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación por el juzgado que investiga la permuta de unos terrenos para la construcción de una escombrera municipal, que finalmente no se hizo.
El propio regidor, que gobierna desde 1995 Molina de Segura, la cuarta ciudad más importante de la Región por volumen de población, informó ayer en un comunicado de su imputación, por la que deberá comparecer el próximo 26 de enero ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de la localidad. Eduardo Contreras ha asegurado su disposición a colaborar con la Justicia y ha dicho que, si se mantiene su imputación tras declarar ante el juez, «actuaré en consecuencia», dejando entrever así que podría presentar su dimisión.
Junto a Contreras también ha sido imputado el que fuera concejal de Urbanismo en el ayuntamiento de Molina, Luis Gestoso. Ha quedado fuera otra persona para la que en su momento se solicitó su imputación. Se trata de otro exconcejal, esta vez del ayuntamiento de Murcia, José Cosme Ruiz, que actuó de secretario e interventor del ayuntamiento de Molina cuando se produjo la permuta.
Los hechos que denuncia el Heredamiento -también lo hizo el PSOE de Molina ante la Fiscalía- se remontan al año 2004, cuando el equipo de Gobierno del PP, presidido por Eduardo Contreras y en el que Gestoso era concejal de Urbanismo, iniciaron el procedimiento para la creación de una nueva escombrera municipal, por peligro de colmatamiento en la existente.
El empresario Juan Manuel Alcañiz, quien fuera presidente del Heredamiento Regante de Molina de Segura, precisamente la organización que puso la querella, y que también está imputado en la causa, ofreció al Ayuntamiento una parcela de su propiedad (así como otra de su esposa y una tercera persona) de 30.231 metros cuadrados, a cambio de permutarla por otro terreno de propiedad municipal de 50.385 metros cuadrados de superficie, situada en una zona próxima a un desarrollo urbanístico que tenía previsto llevar a cabo la sociedad Fadesa Inmobiliaria S. L.
Según los querellantes, Alcañiz vendió luego la parcela municipal que había permutado por la suya y recibió la cantidad de 1.863.036 euros, además de una serie de parcelas urbanizables en la zona. Todo ello sin que en ningún momento se iniciaran los trabajos de construcción de la escombrera.
En garantía de ese contrato, señala la querella del Heredamiento Regante de Molina de Segura, Fadesa entregó a Alcañiz un aval de 7.064.973 euros, ejecutable por la firma del empresario imputado, Promalgon S. L., si en un plazo de seis años desde la firma del contrato no ha recibido las parcelas.
No es el primer caso de implicaciones judiciales en este mes de diciembre en el que se ve afectado Eduardo Contreras. Como recuerdan desde PSOE y Podemos, «si hoy es una imputación firme, la semana pasada era la Guardia Civil quien señalaba al alcalde como posible autor de un delito de malversación y tráfico de influencias, relacionado esta vez con la trama Púnica», en la que está imputada «la que fuera su mano derecha en el ayuntamiento de Molina, Mariola Martínez, exconcejala en el Consistorio y más tarde directora general de Turismo (hoy fuera de la política por su imputación)».
