La Autoridad Portuaria de Cartagena advirtió a la empresa promotora de la desaladora de Escombreras de que las aguas de la dársena no debían destinarse al consumo humano siete meses antes de concederle la concesión para captar los caudales destinados a la planta. El director del Puerto de Cartagena, José Pedro Vindel, comunicó a la sociedad del grupo ACS Hydro Management en mayo de 2008 que sería difícil otorgarle la autorización para construir el cajón de la toma de agua porque en aquel momento estaba en trámite una reforma legislativa que limitaba la captación de aguas costeras para abastecimiento a «zonas protegidas», sometidas a unos controles «bastante más rigurosos que los que correspondería asumir a las aguas portuarias, teniendo en cuenta que son masas muy modificadas por la actividad humana». No obstante, la empresa fue autorizada para instalar la toma de agua durante cinco años, que después se han prorrogado otros tres, hasta diciembre de 2016, lo que significa que la planta solo podrá alimentarse con los caudales de Escombreras durante un año.

Por su parte, el ayuntamiento de Cartagena está revisando el expediente de la desaladora de Escombreras para averiguar si la planta tiene su licencia de apertura en regla y ha cumplido todos los requisitos exigidos para mantener su actividad, a instancias del abogado Diego de Ramón, que denunció ante la Fiscalía los contratos entre firmados entre Hydro Management y varias sociedades de la Comunidad, a través del Ente Público del Agua.

A su vez, la Fiscalía, que ha investigado las denuncias de De Ramón y del PSOE durante un año, así como los informes realizados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos del Gobierno regional, ha encontrado indicios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, que ha puesto en conocimiento del juez.

De apreciarse la existencia de otras irregularidades motivadas por la falta de calidad de las aguas que alimentan la desaladora de Escombreras, se añadirían a las denuncias en trámite para que sean investigadas también en los tribunales.

El director del Puerto precisaba en su escrito del 16 de mayo de 2008 que en el caso de la dársena de Escombreras, en que la atracan grandes buques petroleros y metaneros que suministran petróleo y gas natural a empresas como la refinería de Repsol o la planta de regasificación de Enagás, la calidad de las aguas se ve condicionada por los problemas que origina «la poca renovación» y la actividad industrial del puerto.

José Pedro Vindel fundamentaba sus impedimentos en las aportaciones que había hecho Puertos del Estado a las reformas de la normativa de planificación hidrológica, que en 2007 estaba adaptándose a la nueva Ley de Aguas. «Parece que las razonables propuestas emanadas de Puertos del Estado entran en contradicción con la presencia en la zona de una captación de agua para consumo humano». Su opinión era que autorizar el uso de las aguas de Escombreras para abastecimiento «obligaría a elevar el grado de protección ambiental» y a establecer «unos objetivos medioambientales a alcanzar mucho más rigurosos».

Añadía que cuidar la calidad del agua tendría «efectos negativos para el futuro desarrollo, no solo de la actividad portuaria en general, sino de la actividad económica de la zona». Por eso respondió que veía difícil «el otorgamiento de concesión administrativa», salvo que se situara la toma «fuera de las aguas portuarias». A pesar de las reservas planteadas en mayo de 2008 por el director del Puerto de Cartagena, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria -la entidad que gestiona los puertos del Estado-, aprobó su solicitud el 18 de diciembre de 2008. La concesión lleva la firma del anterior presidente del Puerto, Adrián Ángel Viudes, y del secretario general.