La reforma del sistema de financiación autonómica aplicada desde 2009 no solo agravó el trato que Murcia venía recibiendo del Estado, sino que cristalizó el agravio comparativo del reparto al consolidar los derechos adquiridos por las comunidades en el modelo vigente desde 2002, convirtiéndolos en un privilegio a perpetuidad, según apuntó ayer Fernando I. Sánchez Martínez, coordinador del estudio ´El modelo de financiación autonómica y sus consecuencias económicas para la Región de Murcia´.

Entre las conclusiones del estudio que ayer fue presentado al pleno del CES, Sánchez precisó que, de acuerdo con el sistema vigente, cada murciano equivale a «0,97 habitantes».

También el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, ha reconocido en alguna ocasión que no podrá establecerse un reparto equitativo de los ingresos del Estado mientras haya autonomías, como Cantabria, que aparecen entre las mejor financiadas, porque en el momento de aprobarse el modelo estaban haciendo una reforma del hospital de Valdecilla, que se ha perpetuado en sus ingresos como si la obra nunca hubiera terminado.

Fernando I. Sánchez apuntó que el mantenimiento del llamado ´status quo´, garantizado en el modelo vigente a través del Fondo de Suficiencia, bloquea cualquier posibilidad de reforma y hace necesaria una revisión que supere privilegios consolidados, como el de Cantabria. Además, las regiones más pobladas de la costa mediterránea y Madrid siempre han salido perdiendo frente al trato que reciben regiones más extensas, como Castilla y León, por el efecto de la prima que otorgan indicadores como el de la dispersión territorial o la población de mayores de 65 años.

Fenando I. Sánchez ve difícil que el nuevo modelo permita «partir de cero», pero considera irrenunciable una reforma que evite los agravios comparativos y permita que la financiación por habitante se acerque al cien por cien y deje de estar en el 0,97%.

El coordinador del informe propone que en el nuevo modelo de financiación que el Gobierno y las comunidades autónomas tendrán que negociar ahora se introduzcan indicadores acordes con la situación actual, como «la tasa de pobreza o la población en riesgo de exclusión social». Considera necesario igualmente revisar los ingresos asignados al País Vasco y a Navarra, que están muy por encima de los que reciben las demás autonomías.