La Mesa de la Profesión Enfermera desarrollará, de manera inmediata, una intensa campaña de información destinada a todos los usuarios y pacientes de la Región y del resto de España de cara a que conozcan las «negativas repercusiones» que el Real Decreto de prescripción enfermera tendrá en la atención que reciben, entre otras, «más esperas, más consultas y más burocracia». De manera paralela, se editará y difundirá material informativo para que los ciudadanos sepan cómo cambiará la atención que vienen recibiendo, con la colaboración de las asociaciones de usuarios y pacientes.

En estos ámbitos, los enfermeros vienen usando medicamentos de prescripción médica siguiendo protocolos pactados con los médicos o publicados por las autoridades sanitarias, que permiten prestar una adecuada y ágil atención sanitaria y continuidad de los cuidados, sin perjuicio para los pacientes y el sistema sanitario, ahorrando visitas innecesarias a los propios pacientes.

Algunos ejemplos de situaciones asistenciales que van a verse directamente perjudicadas por esta nueva normativa son, por ejemplo, cuando las enfermeras administran una vacuna, sin una pauta previa del médico; cuando utilizan cremas para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión, o cuando realizan el seguimiento de los pacientes crónicos en las consultas, por ejemplo, en el caso de los diabéticos.

Por otro lado, en aquellos servicios donde no hay médicos en plantilla de forma permanente (empresas, escuelas, residencias, ambulancias) y la actuación de los enfermeros permite realizar unos cuidados adecuados -en los que en ocasiones es preciso que indiquen medicamentos sujetos a prescripción médica-, la enfermera quedará «atada de pies y manos» y los pacientes deberán acudir una y otra vez al médico, ya sea en el primer diagnóstico o posteriormente, ante la variación de su situación sanitaria.

La Mesa de la Profesión Enfermera lamenta «profundamente» las negativas consecuencias que el Real Decreto tendrá para los ciudadanos y pacientes, y que «se habrían evitado con la redacción del texto normativo que había sido ya consensuado, no sólo con los representantes de la profesión, sino con el resto de partidos políticos».