Competencias

José López pedirá un estudio para ver si la desaladora tiene licencia de apertura

La Autoridad Portuaria deja claro que no posee competencias para cerrar la planta, pese a sus reservas

05.12.2015 | 02:11

El alcalde de Cartagena, José López, va a encargar a los técnicos municipales que averigüen si la desaladora de Escombreras tiene todos los permisos en regla, a raíz de la solicitud presentada por el abogado Diego de Ramón para que cierre la planta en caso de carezca de licencia de apertura. El letrado también había dirigido una solicitud de cierre a la Autoridad Portuaria, quien ha confirmado la existencia de una autorización provisional por tres años a la empresa, que expira en diciembre de 2016, tal y como publicó LA OPINIÓN.

De Ramón sospecha que la desaladora carece de licencia de apertura municipal y considera que hay que otras irregularidades en las autorizaciones oficiales de la planta concedidas por la Comunidad. El alcalde ha contestado que «el trámite que seguirá será el de dar traslado a los técnicos municipales para que estudien la solicitud, como se hace con todas las solicitudes».

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, reconoce en su contestación a Diego de Ramón que «carece de competencia para proceder al cierre de la planta», aunque deja claro que su objetivo es que «la toma de agua de mar se realice fuera de la dársena de Escombreras». En declaraciones a LA OPINIÓN, Sevilla advertía de que en Escombreras atracan buques petroleros y metaneros y existe una intensa actividad industrial, por lo que no considera apropiado que la desaladora mantenga la toma de agua en el puerto. En el mismo sentido ha contestado ahora a la petición de Diego de Ramón. También ha informado de que la Autoridad Portuaria envió a la Fiscalía en 2014 toda su documentación sobre la planta.

Tras un año de investigación el fiscal ha remitido una denuncia a los juzgados por prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos, que este momento está pendiente de su admisión a trámite. En su denuncia ha recogido también los informes elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la Comunidad alertando de un posible perjuicio contable.

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