Todos los ex altos cargos citados por la comisión de investigación de la desaladora de Escombreras están obligados a comparecer en la fecha en la que han sido convocados, según informaron ayer fuentes de la Asamblea Regional. En caso de no llegar a presentarse se exponen a ser acusados de un delito de desobediencia, castigado por el Código Penal, cuya pena iría acompañada de una sanción de hasta seis meses de empleo y sueldo para los funcionarios públicos.

La comisión investigadora creada en el Parlamento autonómico para averiguar cuánto ha costado la planta y quiénes son los responsables de los contratos firmados por las sociedades públicas dependientes de la consejería de Agricultura y Agua ha citado a la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, al presidente regional Ramón Luis Valcárcel y a varios miembros de su Gobierno para los meses de enero y febrero.

En la relación figuran también el exdirector general de Acuamed, Antonio Baltanás; Antonio Serrano, que fue secretario general de Biodiversidad; y el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita.

Junto a ellos han sido citados también el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, y su antecesor, Adrián Ángel Viudes.

Posteriormente también serán llamados a declarar representantes del grupo empresarial ACS, al que pertenecen las sociedades que han construido la planta, además de técnicos y juristas. En principio estaba previsto citar al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, pero finalmente la comisión presidida por el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha optado por dejar que la empresa decida quién la representa.

Al tratarse de una comisión de investigación, la comparecencia de los convocados es obligatoria, según establece el artículo 73 del Reglamento de la Asamblea Regional, que remite a su vez, al Código Penal. El texto de este artículo establece que: «Las comisiones de investigación podrán requerir, por conducto del presidente de la Cámara, la comparecencia de cualquier persona para ser oída en el asunto cuya investigación se efectúa. Los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle comunicados con una antelación mínima de tres días. La citación se hará mediante apercibimiento de las sanciones establecidas por incomparecencia en el Código Penal. Asimismo, al inicio de la comparecencia, el presidente de la comisión advertirá al convocado de la sanción que el Código Penal establece para quien falte a la verdad en su testimonio».

A su vez, el artículo 502 del Código Penal establece: «Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años».

Por otra parte, «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».

La comisión parlamentaria que investiga los contratos de la desaladora ha recibido ya unos 12.000 folios de documentos remitidos por la Administración regional y por otras instituciones. Los contratos de las empresas públicas de la Comunidad con ACS también están siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas, mientras que ha dado lugar a una denuncia de la Fiscalía pendiente de admisión a trámite.