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Financiación

Un estudio del CES cifra en 1.400 millones la deuda del reparto autonómico

La participación de Murcia en el pastel se sitúa a más de 25 puntos de La Rioja, la autonomía más agraciada

02.12.2015 | 04:00

El informe encargado a un equipo investigador de la UMU reconoce la necesidad de que el Estado compense a la Región por los ingresos que ha dejado de recibir en doce años

La Región ha perdido 1.400 millones en doce años con el reparto de la financiación autonómica, según revela una informe encargado por el Consejo Económico y Social (CES) a un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia. El estudio realizado por los profesores Fernando Ignacio Sánchez, Ildefonso Méndez y Jorge Eduardo Martínez sitúa a Murcia en el furgón de cola del reparto de los fondos autonómicos, junto con la Comunidad Valenciana, que resulta la más perjudicada, lo que exigiría, a juicio de los autores la aplicación de medidas compensatorias de lo que se ha denominado «deuda histórica».

La discriminación a la que se ha visto sometida Murcia se ha acrecentado con el modelo de financiación aplicado desde el año 2009, dado que la participación en el pastel que se reparten las autonomías ha caído del 96,8% al 94,3% en 2013, según recoge el estudio titulado ´El modelo de financiación autonómica y sus consecuencias económicas para la Región de Murcia´.

Fernando I. Sánchez destacó que las diferencias en el trato que ha generado la financiación autonómica es responsable del 35% del déficit que arrastra la Comunidad desde el inicio de la crisis, cuyo resultado más directo es la acumulación de una deuda bancaria que en el mes de junio rozaba ya los 7.500 millones de euros.

Dado que cerca del 70% del dinero que debe la Administración regional tienen al Estado como acreedor, a través de los créditos concedidos por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del Plan de Pago a Proveedores, los autores del estudio consideran que «ha habido un agravio comparativo que no se ha sabido solucionar». Fernando Ignacio Sánchez añadió que «este maltrato» debe tener «algún tipo de compensación».

Por su parte, el presidente del CES, José Luján, recordó que la compensación de la llamada deuda histórica de la Región es una de las reivindicaciones recogidas en la última memoria del Consejo, presentado el pasado mes de julio.

El Estudio encargado por el CES analiza los resultados que han aportado los modelos de financiación autónoma que se aplicaron a partir de 2002 y de 2009. Su principal conclusión es que la última reforma no solo no corrigió el agravio comparativo que había sufrido la Región, sino que acrecentó la divergencia en 2,5 puntos, haciendo bajar la participación de Murcia en el reparto del 96,8% al 94,3% en 2013 en relación a la media nacional.

Solo la Comunidad Valenciana ha recibido un trato peor al de Murcia, al tener que conformarse con el 92,5% de los ingresos que recibe la media.

Por el contrario, La Rioja, que ya tenía una posición de partida privilegiada, ha mejorado su participación hasta rozar el 120% de los ingresos, lo que supone que esta comunidad está 25,2 puntos porcentuales por encima de lo que recibe Murcia.

De acuerdo con los cálculos de los investigadores, la Región ha recibido unos 120 millones menos cada año en relación a la media de las comunidades autónomas de régimen común, teniendo en cuenta los índices de financiación «a competencias ajustadas por habitante». El resultado es que Murcia ha dejado de ingresar 1.420,8 millones en doce años, que la convierte en la segunda región peor financiada

Atendiendo exclusivamente a la financiación por habitante, la pérdida de ingresos acumulada por la Región se elevaría a 2.200 millones en doce años, a razón de 180 millones anuales. Según el informe «la Comunidad tiene una financiación per cápita entre un 4% y un 11% inferior a la que resultaría de aplicar el criterio de necesidades proporcionales a la población». Este déficit, que estaba reduciéndose hasta 2007, «se ha disparado desde entonces hasta superar el 8% de la financiación teórica». A pesar de las dificultades, los autores del informe sostienen que el perjuicio económico se traslada al «déficit crónico», sin llegar a producir una pérdida de la calidad de los servicios educativos y sanitarios equivalente.

Destacaron también que, pese a los recortes introducidos por el Gobierno regional, el gasto público no ha llegado a caer en proporción cercana a la bajada de los ingresos.

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