El nuevo sistema de partes médicos en los procesos de enfermedad laboral -que entró ayer en vigor en toda España- no se pondrá en marcha en la Región de Murcia hasta el 1 de febrero. La consejería de Sanidad ha pedido al Gobierno una moratoria de tres meses «para terminar de solucionar una serie de dudas», en cuanto a su aplicación, explicaron fuentes de la Consejería.
El nuevo reglamento se puso en marcha ayer, seis meses después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la orden ministerial que regula el real decreto de 18 de julio de 2014 de gestión y control de procesos de incapacidad temporal. La aplicación de la norma requería la puesta en práctica de los nuevos modelos de partes médicos de alta, baja y confirmación.
«Estamos a la espera de que el Ministerio nos responda a las dudas planteadas por el grupo de trabajo creado a raiz de la publicación de la normativa», añadieron desde Sanidad en Murcia.
Entre estas incógnitas figuran aspectos pragmáticos, como cómo rellenar un parte de baja, pues hay que incluir una serie de nuevos datos; y el que los profesionales realicen los cursillos de formación necesarios para poder aplicar el nuevo reglamento.
El objetivo de estas nuevas reglas, según planteó en su día el ministerio de Empleo y Seguridad Social, es ahorrar trámites burocráticos y que se adapte la emisión de los partes a la duración estimada de cada proceso, manteniendo el rigor en la constatación de la enfermedad o lesiones del trabajador y de su incidencia en su capacidad de realizar el trabajo.
Sin embargo, en opinión de la presidenta de la Sociedad murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), María Bernardina Tudela, «lo burocratiza más».
Tudela explicó el nuevo sistema incluía cuatro partes de baja en función de la duración de la misma, «pero no se tiene en cuenta las peculiaridades de cada paciente, pues ante una misma dolencia, una persona puede necesitar más tiempo que otra para reponerse, por ejemplo». En su opinión «es insuficiente» que se hayan elaborado una serie de tablas por dolencias para los partes de baja teniendo en cuenta la edad y la patología que se sufre.
Otra de las cuestiones rechazadas por los médicos de familia se centra en el hecho de que los partes de baja los puedan firmar los médicos de Urgencias. «Va a provocar una mayor saturación de estos servicios, y además, estos facultativos no tienen tiempo suficiente para valorar las bajas ni disponen de los conocimientos necesarios sobre el historial del paciente para evaluar mejor el caso», apuntó la presidenta de Smumfyc.
Este colectivo médico ha venido reclamando desde hace tiempo que se simplificara el sistema de las bajas médicas laborales, para evitar tener que reafirmarlos cada semana, sobre todo en los procesos de enfermedades largas. «Ahora eso se ha conseguido, pero, como contraprestación, el médico va a tener que realizar informes complementarios» que justifiquen la baja laboral.
En definitiva, los médicos consideran que se debería paralizarla puesta en marcha de este nuevo sistema.
En referencia a la moratoria pedida por la consejería de Sanidad murciana, la representante de Smumfyc opinó que «falta formación para poder llevarlo a cabo, y los sistemas informáticos tampoco están preparados, ya que ahora se piden más datos sobre el paciente».
«No es lo mismo conocer un real decreto después de haberlo leído a que te formen y dediques unas horas de práctica para ser capaz de aplicarlo», destacó Tudela.
Presupuesto
El Gobierno aprobó este real decreto para luchar contra el fraude en las bajas laborales durante el primer año. Los objetivos son reducir el absentismo en las empresas y rebajar el gasto en las prestaciones de la Seguridad Social.
El presupuesto previsto por incapacidad temporal para este año es de 4.492 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,7%. Sin embargo, para el próximo año, ya con el crecimiento consolidado, el gasto previsto es de 5.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,21%.
A partir del primer año de la baja laboral, el control del proceso de incapacidad pasará del médico al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Las mutuas podrán formular una solicitud de alta a la Inspección Médica del Servicio Público de Salud y posteriormente al INSS si la Inspección no contesta en un plazo de cinco días o si el Servicio Público de Salud deniega el alta.
