La abstención del Grupo Parlamentario Popular impidió ayer que se aprobara en la Asamblea Regional una proposición de ley del PSOE para reformar el Estatuto de Autonomía y eliminar los aforamientos para los aforamientos a los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno. La iniciativa socialista obtuvo el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (23 diputados que suman PSOE, Podemos y Ciudadanos), pero para llevar a cabo una modificación de la norma estatutaria es necesario que cuente con el respaldo de dos tercios del Parlamento (27 diputados), algo que no se logró. En cualquier caso, cualquier modificación del Estatuto de Autonomía requiere también de la ratificación de las Cortes Generales.

Resulta que la supresión de los aforamientos (que impiden que los diputados, los consejeros y el presidente puedan ser detenidos e investigados por un juzgado ordinario) fue una promesa del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en su discurso de investidura en la Asamblea a finales de junio. También figuraba en el acuerdo con Ciudadanos. El Grupo Popular, que presentó una enmienda a la totalidad, justifica su abstención en la votación de la propuesta del PSOE en que la eliminación de los aforamientos debe incluirse en una reforma más global del Estatuto de Autonomía, que se debería acometer en el seno de la comisión especial que hay creada en la Asamblea para este fin. En esta reforma se incluirían otras cuestiones como el blindaje del Trasvase Tajo-Segura o el derecho de la Región de Murcia a recibir una financiación adecuada por parte del Estado.

Desde la oposición se interpreta la negativa del PP a apoyar la proposición de ley del PSOE como un intento de proteger al presidente de la Comunidad de la investigación que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lorca por la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras. Estas diligencias se iniciaron tras una querella del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, contra una serie de personas entre las que se encuentra Pedro Antonio Sánchez (alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó el auditorio). La mayoría de querellados ya han declarado ante la juez en calidad de imputados. Al presidente de la Comunidad, al estar aforado, solo podría imputarlo, y tomarle declaración en calidad de tal, el Tribunal Superior de Justicia.