Tribunales

La declaración ambiental de la desaladora de Escombreras puede ser nula

La autorización fue concedida a la empresa inquilina, que pertenecía a la Comunidad en un 51%, cuando la planta es propiedad del grupo ACS

27.11.2015 | 04:00
El expresidente Valcárcel charla con el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá

Los testigos

  • Pedro Antonio Sánchez, exalcalde de Puerto Lumbreras y presidente
  • Alberto Garre, expresidente regional
  • Juan Morales, exalcalde de Totana
  • José Martínez Andreo, exalcalde de Totana
  • Isabel María Sánchez, exalcaldesa de Totana
  • Simón Alcaraz, exalcalde de Aledo
  • Miguel Navarro, exalcalde de Lorca
  • Francisco Jódar, alcalde de Lorca
  • Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena
  • Francisco Blaya, exalcalde de Mazarrón
  • Antonia Conesa, exalcaldesa de Fuente Álamo
  • José López Martínez, alcalde de Cartagena
  • Luis Pérez Almansa, de los servicios jurídicos de Fomento
  • María Yolanda Muñoz, secretaria general de Fomento
  • Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Ordenación del Territorio
  • Antonio Navarro Corchón, exdirector general de Ordenación del Territorio y concejal de Murcia
  • José María Lozano Bermejo, exdirector general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma
  • Francisco José Espejo, exdirector general de Evaluación y Control Ambiental
  • Miguel Ángel Ródenas, exdirector general del Agua y presidente de la CHs
  • José Carlos González, comisario de Aguas de la CHS
  • Amalio Garrido, exgerente del Ente Público del Agua
  • José Manuel Ferrer, gerente de Desaladora de Escombreras
  • Administradores de Hydro Management, Desaladora de Escombreras y Tedagua

La Comunidad Autónoma se concedió a sí misma la declaración de impacto ambiental para la conducción de salmuera de la desaladora de Escombreras. El abogado Diego de Ramón, que en 2013 denunció las irregularidades que han llevado a la Fiscalía a presentar una denuncia en los juzgados tras una larga investigación, considera nula la autorización que la consejería de Agricultura sacó a información pública el 14 de febrero de 2009, dado que el permiso para verter los residuos de sal al mar no fue concedido a la empresa del grupo ACS Hydro Management, la constructora de la planta que lo había solicitado, sino a la sociedad Desaladora de Escombreras, titular del alquiler, que tenía firmado un contrato de compra del agua, y ya estaba participada por el Ente Público del Agua la Comunidad en un 51%.

Fuentes del TSJ anunciaron ayer que la denuncia presentada por el fiscal José Luis Díaz Manzanera ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4, que ahora debe decidir su admisión a trámite. Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 9 tiene que decidir si acepta a trámite la querella presentada por el promotor de Totana Manuel Núñez contra el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y doce políticos del PP que formaron parte de su equipo de Gobierno o que pertenecen al Ejecutivo actual de Pedro Antonio Sánchez.

Sánchez y su antecesor, Alberto Garre, figuran entre la treintena de testigos cuya declaración ha solicitado el empresario en su querella.

Manuel Núñez ha denunciado que la planta, contratada por la Comunidad para certificar el suministro de agua potable a los municipios a los que la Confederación Hidrográfica les negaba la autorización para nuevos desarrollos urbanísticos, ha dado lugar a una «trama piramidal» de corrupción en la Región. De hecho, la Asamblea Regional ha puesto en marcha una comisión de investigación para estudiar prosibles irregularidades.

De Ramón ha solicitado el cierre de la desaladora al ayuntamiento de Cartagena y a la Autoridad Portuaria y está a la espera de que ambas instituciones le notifiquen si la planta dispone de la licencia de apertura municipal y de la concesión para extraer el agua de la dársena de Escombreras, respectivamente.

Sostiene que la consejería no puede aprobar la declaración de impacto ambiental a una empresa distinta de la que solicitó la autorización para construir el conducto que vierte la salmuera procedente de la planta en el mar. Recuerda que en el año 2008 la empresa del grupo presidido por Florentino Pérez solicitó la declaración de impacto ambiental a la consejería de Desarrollo sostenible, pero un año después, cuando las competencias de Medio Ambiente estaban en Agricultura, «se autoriza el vertido a Desaladora de Escombreras».

La concesión de la Autoridad Portuaria caduca en un año
En cualquier caso, la Autoridad Portuaria asegura que la concesión concedida a la planta para extraer agua de la dársena de Escombreras caducó y que ahora tiene una autorización provisional que vence en diciembre de 2016, dentro de trece meses. Este organismo no considera procedente que una planta que suministra caudales para abastecimiento tome el agua de un puerto de petroleros y metaneros.

Por otra parte, el entramado societario de la desaladora resulta tan complicado, que incluso la consejería de Agricultura tuvo problemas para notificarle a la empresa la autorización para verter la salmuera, a pesar de que el departamento del exconsejero Antonio Cerdá era ya titular del 51% de las acciones de la empresa Desaladora de Escombreras, a través del Ente Público del Agua. Según recoge la resolución publicada el 14 de febrero de 2009, la dirección general de Calidad Ambiental tuvo que recurrir a «una diligencia» oficial para notificar a la empresa que le había autorizado el vertido de salmuera tras «varias notificaciones fallidas».

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