La desaladora de Escombreras puede tener los días contados. La planta construida por un grupo empresarial vinculado a Florentino Pérez puede verse obligada a cerrar dentro de trece meses, cuando la Autoridad Portuaria de Cartagena le clausure la toma del agua del mar. Después de haber obtenido una concesión que ya ha caducado, el Puerto de Cartagena le concedió una autorización provisional para extraer agua de la dársena de Escombreras durante tres años, que expira en diciembre de 2016. Este organismo considera poco prudente que una planta desalinizadora se alimente en una dársena en la que atracan buques petroleros y metaneros fundamentalmente.
Esta es la respuesta que dio a LA OPINIÓN el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, como contestación a la pregunta que le ha formulado a este organismo el abogado Diego de Ramón, que denunció ante la Fiscalía los contratos de la desaladora. El letrado se ha dirigido también al ayuntamiento de Cartagena para preguntar si la planta tiene licencia de apertura. El Consistorio no ha podido confirmar su existencia hasta hacer «una comprobación del expediente», debido a «lo voluminoso del mismo». De Ramón ha pedido al Ayuntamiento que cierre la desaladora y sancione a la propietaria en caso de que no haya licencia.
El riesgo que podría entrañar el agua de Escombreras para los usuarios de los caudales desalados no es el único problema que debe afrontar la empresa propietaria, una sociedad constituida por el grupo ACS y varios inversores murcianos, que arrendó la planta la Comunidad Autónoma a través de un entramado societario, que ha dado lugar a una denuncia de la Fiscalía, pendiente de su asignación al juzgado que corresponda. El contrato establece que la Comunidad tendría que abonar cerca de 600 millones en caso de rescisión. El Gobierno está negociando ahora la compra de la planta por un precio cercano a los 140 millones (costó unos 110), pero está por ver qué ocurriría si fuese clausurada.
En la dársena de Escombreras atracan, por ejemplo, los petroleros que suministran los hidrocarburos a la refinería de Repsol o el gas natural a la planta de Enagás. Diego de Ramón sostiene que tampoco está claro que las emisiones de los residuos de salmuera generados por la desalación se estén depositando en el mar correctamente, a pesar de que estos vertidos son extremadamente tóxicos para la vida submarina, dado que su elevada concentración de sal arrasa con las praderas de algas posidonia y elimina la fauna.
Por otra parte, la continuidad de la desaladora de Escombreras más allá de diciembre de 2016 exigiría nuevas inversiones para resolver el problema del suministro y de evacuación de la salmuera, algo que difícilmente puede asumir el Gobierno regional, a la vista del «posible alcance, malversación, daño o perjuicio a la Hacienda Pública Regional», que pusieron de manifiesto los informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos.
En cualquier caso, las investigaciones que ha venido realizando la Fiscalía durante el último año, que han llevado a denunciar la existencia de posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, pueden conducir también al cese de una actividad que ocasiona a la Comunidad Autónoma unos 13 millones de pérdidas anuales, según se recoge en los informes elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos.
En estos informes, que el Consejo de Gobierno ha remitido al Tribunal de Cuentas, dado que planteaban la existencia de un perjuicio contable para las arcas de la Administración regional, se apunta también la conveniencia de liquidar la sociedad a la que está arrendada la desaladora. Es previsible por tanto que el órgano fiscalizador de las cuentas públicas obligue a poner fin a la sangría causada desde 2006.
De acuerdo con estos informes, que también han sido tenidos en cuenta por la Fiscalía en la denuncia remitida al juez, el contrato de arrendamiento de construcción y el resto de los contratos en torno a la desaladora de Escombreras formalizados entre la Comunidad Autónoma y la empresa Hydro Management -propiedad de Florentino Pérez- en 2006 «implican una serie de obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que podría lograr la sociedad».
También la Asamblea Regional está investigando los contratos a través de una comisión especial.
