Tribunales

La Fiscalía denuncia malversación, fraude y prevaricación en los contratos de la desaladora

Los informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad han sido determinantes en la investigación

21.11.2015 | 00:15
La Fiscalía denuncia malversación, fraude y prevaricación en los contratos de la desaladora

La Fiscalía ha encontrado indicios de que los contratos de la desaladora de Escombreras firmados en el año 2006 por el Ente Público del Agua de la consejería de Agricultura esconden presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, administración desleal y prevaricación, según consta en la denuncia remitida a los juzgados. Tras dos años de investigación, el fiscal José Luis Díaz Manzanera ha remitido al juez la documentación recabada, en la que han sido determinantes los informes aportados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, al plantear la existencia de «posible alcance, malversación, daño o perjuicio a la Hacienda pública regional». El juzgado al que corresponda el asunto tendrá que decidir ahora si admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, aunque la elevada cuantía de las pérdidas evaluadas por el interventor de la Administración regional permite aventurar que no será posible dar carpetazo a la causa.

Los contratos de la desaladora de Escombreras también están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas, que ya realizó un informe hace varios años sobre la operación, y por la Asamblea Regional.

Una vez que la denuncia sea adjudicada al juzgado que se encargue de la instrucción, tendrán que declarar ante el juez el anterior consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y ex altos cargos de su equipo, entre ellos el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Rodenas, que era director general del Agua cuando se constituyó el Ente Público y las empresas dependientes de este organismo a través de las cuales de orquestó la operación que ha causado ya pérdidas por importe de 13 millones anuales a las arcas regionales.

También deberán dar cuentas de su gestión la asesora de Cerdá María Antonieta Fernández y los secretarios generales y directores generales de las consejerías de Hacienda, Presidencia y Obras Públicas que formaron parte de los consejos de administración del Ente Público del Agua y de la sociedad pública Hidronostrum. Esta empresa fue creada por la Consejería no para alquilar, sino para adquirir las acciones de la sociedad que era titular de los contratos de alquiler y del mantenimiento de la planta.

Tanto la constitución de Hidronostrum como la compra del 51% de la empresa titular del contrato (Desaladora de Escombreras) se produjo el mismo día que el Consejo de Gobierno autorizó su creación, el 17 de febrero de 2016. Además, adquirió el compromiso de comprar el 41% de las acciones en 2010.

El contrato por 25 años firmado por Hidronostrum con la propietaria establecía una cláusula que obligaba a la Comunidad a abonar por adelantado el arrendamiento de las 25 anualidades en caso de rescisión, además de una penalización, que elevaría la factura a cerca de 600 millones. De hecho, la compañía llegó a exigir en los tribunales los 600 millones en 2013, cuando se acumularon dos anualidades sin pagar.
El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, mostró ayer su confianza en el exconsejero Cerdá y atribuyó a un error su actuación, informó Efe.

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