La Comunidad Autónoma publicará en su página web los nombres y sueldos de los empleados públicos que ocupen puestos de confianza o de libre designación, lo que afectará a todos los entes de la Administración regional, incluidos docentes, sanitarios y el resto de organismos y entidades. Los datos de estos colectivos aparecerán de manera diferenciada, por un lado los nombres y por otro las retribuciones brutas anuales.

Paralelamente, la Administración regional va a poner en marcha el procedimiento para el trámite de audiencia por si hubiera alguna 'circunstancia especial' que debiera ser tenida en cuenta antes de su publicación, según informó la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, tras la reunión que mantuvo ayer con los sindicatos para resolver la polémica creada después de que la Comunidad hiciera públicos los nombres, datos personales y salarios de unos 8.400 empleados públicos. Las quejas de los funcionarios, muchos de los cuales recurrieron a la Agencia de Protección de Datos, llevaron al Gobierno regional a retirar los listados de su página web.

María Dolores Pagán explicó a los representantes de los sindicatos cómo se aplicará a partir de ahora de la Ley de Transparencia de la Región. Argumentó que «se trata de la solución más garantista; la más proteccionista y conciliadora entre el interés público y el derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos y ofrece un criterio homogéneo para todo el sector público regional».

La titular de Presidencia explicó ayer en un comunicado que «esta propuesta nace del análisis de los informes solicitados por la Administración regional a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que a su vez se basa en criterio manifestado de manera conjunta en el dictamen de la Agencia y el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno».

Añade que «el dictamen señala que la información referida a los puestos de trabajo de mayor nivel de responsabilidad y mayor autonomía en la toma de decisiones o a aquellos cuya provisión se realice con un cierto grado de discrecionalidad o se justifique en la existencia de una especial relación de confianza prevalecerá, como regla general, el interés público sobre la protección de datos y la intimidad».