El voto en contra del ayuntamiento de Cartagena impidió ayer que el presidente y delegado del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo, asumiera las competencias que los ayuntamientos integrados en este organismo autónomo tienen en el comité ejecutivo y en el consejo de administración. La propuesta de Adolfo Gallardo quedó sobre la mesa ante las dudas que la falta de unanimidad planteó el asesor legal en el comité ejecutivo celebrado ayer, por lo que se le dará traslado al abogado del Estado para que dictamine si puede ser aprobada sin el voto favorable de todos sus integrantes
En el comité ejecutivo del Taibilla, que ayer celebró una reunión extraordinaria, pese a tener prevista otra de carácter ordinario antes de final de año, se sientan también representantes de Murcia, Elche, Alicante, Lorca y Catral. Según indicaron fuentes de la Mancomunidad, ninguno de los representantes de estos municipios puso reparos a la modificación incluida en el orden del día, que ya había quedado sin aprobar en una ocasión anterior. Sin embargo, el representante de Cartagena no la aceptó.
La Mancomunidad de Canales del Taibilla, creada en 1927, es un organismo autónomo dependiente del ministerio de Medio Ambiente, que suministra agua potable a 79 municipios: 43 de la Región, 34 de Alicante y dos de Albacete, que suman en torno a dos millones y medio de habitantes.
Los alcaldes de estos municipios están representados en los órganos de dirección de la Mancomunidad, a la que adquieren los caudales que después suministran a sus vecinos.
La presidencia del Taibilla defendía la conveniencia de que los regidores delegaran sus competencias en el máximo responsable de la Mancomunidad con el fin de agilizar las contrataciones de obras, las liquidaciones de contratos o los pagos a proveedores, dado que el máximo responsable estaría facultado entonces para tomar cualquier decisión con mayor rapidez.
Sin embargo, las pretensiones de Adolfo Gallardo han chocado con el rechazo del ayuntamiento de Cartagena, que se negó ayer a delegar en el presidente las competencias en el comité ejecutivo y en el consejo de administración que le confiere la normativa vigente desde 1946.
Fuentes consultadas por LA OPINIÓN acusan al presidente de querer acaparar todo el poder dentro de la Mancomunidad y niegan que la concentración de competencias vaya a dar más agilidad a la gestión. Por el contrario, sostienen que precisamente desde la llegada de Gallardo a la presidencia se está produciendo un retraso en la toma de decisiones y en el pago de las facturas a los proveedores, que anteriormente se venían abonado c0n regularidad en un plazo de unos dos meses. Estas fuentes negaron también que la cesión de competencias al presidente pueda evitar la pérdida de fondos europeos del FEDER que está provocando el retraso de las obras programadas por la Mancomunidad y dan por seguro que la cuantía de las ayudas para proyecto no ejecutados puede rondar entre los 10 y los 20 millones de euros.
Esta redacción intentó contrastar estas informaciones con el presidente la Mancomunidad, pero no estaba localizable ayer.
