El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado otro plan parcial al ayuntamiento de Murcia por carecer del certificado de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al no garantizar la disponibilidad de caudales para el abastecimiento, tal y como establece la Ley de Aguas. El TSJ ha aplicado en la recalificación de terrenos de Puente Tocinos la misma doctrina del Tribunal Supremo que ha llevado ya a la anulación del plan parcial de Joven Futura en la pedanía murciana de Espinardo -donde se han construido unas 1.500 viviendas, que ahora ocupan terrenos protegidos- y de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de Puerto Lumbreras y Aledo.
En la misma situación se encuentra la planificación urbanística aprobada por una veintena de ayuntamientos que firmaron convenios con el Ente Público del Agua de la consejería de Agricultura para sortear la autorización obligatoria de la CHS, en un intento de suplir este trámite aduciendo que en el futuro dispondrían de los caudales de la desaladora de Escombreras.
Una denuncia del abogado murciano Diego de Ramón, en la que se califica de «ingeniería jurídica» el entramado entre el Ente Público del Agua, ya extinguido, y la expansión urbanística aprobada por los ayuntamientos y la Comunidad al amparo de los caudales de Escombreras ha dado lugar a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía para investigar si ha habido algún delito, ante los graves perjuicios causados a los ayuntamientos, que ahora se ven obligados a devolver el dinero ingresado con los convenios urbanísticos.
A su vez, los contratos de la Comunidad con la empresa constructora de la planta, que cuesta más de 13 millones anuales al Gobierno regional, están siendo investigados por la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y una comisión de la Asamblea Regional.
La concejal de Ahora Murcia Angeles Micol, que realizó los informes técnicos de la demanda judicial interpuesta en 2009 contra el proyecto de Puente Tocinos que autorizaba una urbanización y la prolongación del Parque de Levante del año 2001, explicó ayer que «el plan parcial 'ZM-PT1' consta de 600.000 metros cuadrados, el doble que tiene Joven Futura, y preveía la construcción de casi 5.000 viviendas».
Ángeles Micol recordó que «para el macro proyecto del Parque de Levante, afectado por el plan parcial ahora anulado, el Ayuntamiento contrató a un supuesto arquitecto del MoMA, lo que ha supuesto un importante desembolso de dinero, a cuenta de todos los murcianos. Se trataba de uno de los buques insignia del urbanismo del PP, y también se ha ido a pique. El entramado económico y urbanístico del PP en la Región y el municipio se está destapando paso a paso. Todavía van a salir más casos de proyectos anulados», indicó.
La Sala de lo Contencioso no ha admitido la impugnación del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia ni ha entrado a resolver el resto de las modificaciones urbanísticas recurridas por Ahora Murcia al considerar que la omisión del certificado de la CHS sobre la disponibilidad de caudales para abastecimiento «tiene suficiente entidad invalidante», por lo que «procede estimar el recurso sin que sea necesario resolver sobre los restantes motivos de impugnación invocados».
Micol considera que los planes «del PP están basado en intereses particulares y en la especulación, en lugar de en la defensa del interés general, del patrimonio y del suelo, dando la espalda a un modelo de municipio sostenible y justo». Ahora Murcia defiende «la urgente una modificación del PGOU de Murcia, que revise todos los planes y proyectos en curso y siente las bases para un urbanismo sostenible». Añadió que exigirá «responsabilidades políticas y jurídicas a los causantes de este nuevo vergonzoso episodio del PP».
