Tribunales

La Fiscalía abre diligencias por los planes urbanísticos anulados por el Supremo

Diego de Ramón presentó otra denuncia tras el fallo motivado por incumplimiento de la Ley de Aguas

13.11.2015 | 01:35
Diego de Ramón.

La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar si ha habido delito en la aprobación de los planes urbanísticos acogidos al convenio con el Ente Público del Agua –para disponer de los caudales de la desaladora de Escombreras–, que está anulando el Tribunal Supremo. Así lo ha comunicado el fiscal jefe, Manuel López Bernal, en respuesta al escrito presentado por el abogado Diego de Ramón el pasado mes de septiembre. El letrado ya denunció ante la Fiscalía hace dos años las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en los contratos suscritos con el grupo empresarial ACS, que construyó la planta desaladora. Ahora ha pedido que se averigüe también si el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y los exconsejeros de Agricultura y de Obras Públicas de sus gobiernos tienen alguna responsabilidad en el fiasco urbanístico que originó el intento de sortear las imposiciones de la Ley de Aguas, que define como «ingeniería jurídica al servicio del partido gobernante».

De Ramón responsabiliza a Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana, José Ballesta (ahora alcalde de Murcia) y Antonio Sevilla (presidente de la Autoridad Portuaria), además del actual consejero de Fomento, Francisco Bernabé.

Con el inicio de esta investigación se abre un nuevo frente en las pesquisas que el fiscal José Luis Díaz Manzanera ha venido realizando desde 2013. Las diligencias realizadas hasta ahora se abrieron a raíz de la denuncia sobre los contratos firmados por el Ente Público del Agua –y las sociedades creadas por esta entidad de la consejería de Agricultura– con el grupo empresarial presidido por Florentino Pérez que ha construido la planta de Escombreras.

Las sentencias del Supremo conocidas desde julio han concluido que, pese a los certificados del Ente Público del Agua que garantizaban el suministro futuro de caudales a las nuevas urbanizaciones aprobadas por más de una veintena de municipios, gracias al agua de Escombreras, la planificación urbanística es nula sin un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) establecido en el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, que se ha omitido en decenas de planes urbanísticos.

En su última denuncia, Diego de Ramón recoge unas declaraciones del excomisario de Aguas de la CHS Manuel Aldeguer advirtiendo de que la actuación de la consejería de Agricultura «raya la prevaricación». El excomisario recordaba también que «la gestión del agua es competencia del ministerio de Medio Ambiente, por lo que la planta de Escombreras está en situación ilegal». El letrado recoge también una declaraciones del exalcalde de Totana condenado por el caso Totem, en las que manifiesta que el expresidente Valcárcel había resuelto el problema del agua.

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