Corrupción

Una empresa del 'caso AVE' pudo ganar más de 30 millones

Los investigadores sospechan que, en connivencia con los implicados del Juzgado de Aguas de Orihuela, la constructora murciana Marimar cobraba a Adif obras de reparación de conducciones hidráulicas supuestamente afectadas por el trazado del tren que nunca se realizaban

13.11.2015 | 17:09
El personal de Aduanas se llevó numerosa documentación durante los registros

Cuando la Agencia Tributaria inició la investigación pretendía descubrir una red dedicada a defraudar a Hacienda mediante la emisión de facturas falsas. Pero muy pronto los investigadores se dieron cuenta de que eso era sólo la punta del iceberg. Lo que empezó para destapar un delito contra la Hacienda Pública, incluye ya otros como estafa, falsedad documental y pertenencia a organización delictiva. De momento ya son más de quince los detenidos, además de otros imputados, en la operación. Y los investigadores mantienen que una de las empresas que participó en la trama, Obras Marimar, obtuvo, presuntamente, un enriquecimiento ilícito de en torno a treinta millones de euros. Esta misma mañana está previsto que pasen a disposición judicial dos de los últimos seis detenidos en el ´caso AVE´: José Manuel Fernández Pujante, un murciano que ejerce como ingeniero jefe del Juzgado de Aguas de Orihuela (Alicante), y su hermano Antonio José. Los otros cuatro detenidos, familiares de los anteriores, declarararán en los próximos días.

Beneficios millonarios
A todos los detenidos, excepto a uno que ejerció como testaferro en varias sociedades fantasma, sin actividad alguna, se le atribuyen ´beneficios´ personales millonarios. Y todo ello gracias a una trama que, en torno al agua, quiso aprovecharse de las contrataciones por parte de Adif para la llegada del AVE a la Región.

La principal diferencia entre esta red y aquellas que sólo pretenden defraudar a Hacienda mediante la emisión de facturas falsas es que, en este caso, no sólo las obras que supuestamente realizaban eran inexistentes, sino que, pese a ello, las cobraban a las grandes empresas adjudicatarias del proyecto de la Alta Velocidad que les habían subcontratado. De ahí que en las diligencias se hable de estafa.

Y la implicación del Juzgado de Aguas de Orihuela en la trama no es otra que el supuesto acuerdo que consiguió tras negociar con Adif para encargarse por su propia cuenta de designar a esas empresas que ejecutarían las obras de reparación o reposición de los cauces o infraestructuras hidráulicas afectadas por el trazado del tren. Unos trabajos que, según fuentes cercanas a la investigación del Juzgado de Intrucción Número Nueve de Murcia, nunca se hicieron, aunque sí se cobraron. Estas obras inexistentes se han venido ´ejecutando´ en las últimas cuatro fases del proyecto del AVE, desde que los trabajos para traer la Alta Velocidad se iniciaron en la localidad alicantina de Crevillente.

Las sospechas de la existencia de esta red se remontan a casi dos años atrás. De ahí que la Agencia Tributaria enviara el caso a la Fiscalía Anticorrupción a principios de 2014, y los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera iniciaran la investigación, a la que poco después se unió el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil en Murcia.

Las primeras pesquisas llevaron a los efectivos policiales a una constructora de la pedanía murciana de Sangonera, donde se realizaron las tres primeras detenciones. El paso inicial ya estaba dado, habían descubierto un cúmulo de facturas falsas por servicios ficticios.

Los investigadores siguieron tirando del hilo. Y este hilo les llevó hasta la empresa Marimar, una de la que más obras inexistentes presuntamente facturó a las UTE (uniones temporales de empresas) adjudicatarias del proyecto de Adif. La sorpresa fue comprobar, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, que pese a que tales trabajos no se realizaban, las empresas implicadas en la trama los cobraban religiosamente. Entre los cuatro detenidos en esta segunda fase se encontraba también el subdirector de una entidad bancaria de Santomera. En dicha sucursal se llegaron a pagar de una tacada siete millones de euros por esas facturas ficticias. El empleado bancario quedó en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado, pese a que el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, pidió al juez su encarcelamiento. De hecho, al menos cuatro de los detenidos sí han ingresado en prisión tras prestar declaración judicial. A ellos se podría unir hoy alguno más.
Tras este nuevo golpe, Aduanas y Policía Judicial pusieron ya sus ojos en el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Así, la pasada semana se sumaron otros cuatro detenidos, entre ellos el que fuera juex de la institución hasta el pasado mes de marzo, Jesús Abadía, y el exsecretario Aníbal Bueno.

El círculo se estaba cerrando y los investigadores iban teniendo cada vez más claro el entramado. El trazado del AVE a partir de Crevillente y en dirección a Murcia tenía que chocar por fuerza con numerosas acequias y conducciones hidráulicas de la huerta. Por fuerza también Adif tendría que ejecutar las obras de reposición de las zonas afectadas. Y, al final, el Juzgado de Aguas logró que las UTE subcontrataran a las empresas de la trama para llevarlas a cabo.

Faltaba por encontrar el enlace que conectara a la citada institución alicantina con las empresas que supuestamente las ejecutaban, principalmente Marimar, una pequeña constructora que había multiplicado sus beneficios a raíz de estos trabajos.

Y esa persona, el ingeniero José Manuel Fernández Pujante, fue detenida en Murcia el pasado martes, en una oficina de la céntrica avenida de la Constitución, la sede de Liberitas Desarrollos Inmobiliarios, una firma que el ingeniero creó con su hermano también detenido y que facturó al menos seis millones de euros por tales obras ficticias como subcontrata de Marimar. Según las fuentes consultadas por esta Redacción, al parecer fue José Manuel Fernández quien incluyó en la trama a Juan Ortín, el administrador de Obras Marimar, al considerarlo persona de su confianza. Fue esta la empresa que ejerció en cierto modo de matriz para subcontratar ´obras´ a las demás firmas creadas por el resto de implicados con el único fin de lucrarse sin realizar trabajo alguno, según la investigación.

Sólo un día antes de su detención este periódico se puso en contacto con Fernández Pujante, quien aseguró desconocer los arrestos de Abadía y Aníbal Bueno. A preguntas de esta Redacción, fue escueto: «¿Un fraude en el AVE? No tengo ni idea. Voy a intentar enterarme».

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