Nueva normativa

Los profesores deberán acreditar que no han sido condenados por delitos sexuales

El Gobierno modifica la Ley de Infancia y Adolescencia y fija como requisito para trabajar con menores la presentación del certificado de antecedentes penales

12.11.2015 | 23:13

El Gobierno de España modificó el pasado mes de julio la Ley de Infancia y Adolescencia, incorporando una serie de apartados, siendo uno relativo al artículo 13 el que ha causado «sorpresa» entre el colectivo del profesorado. Según han informado desde el sindicato CC OO, el ministerio de Educación, Cultura y Deporte, «nos sorprendió con una nueva medida, enmarcada en su política de improvisación, que pone en cuestión al profesorado, con el ánimo de culpabilizar a los docentes de unos problemas educativos, cuya principal causa está en los recortes y en la puesta en marcha de una ley nefasta».

Este nuevo aparatado establece que «será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales».

Para su ejecución, se ha requerido a las comunidades autónomas para que, mientras no exista el Registro Central de delincuentes sexuales, el profesorado aporte la certificación a la que se refiere el artículo 13, que debe emitir el Registro Central de Antecedentes Penales. Esta Ley es de aplicación a todos los oficios relacionados con la infancia y adolescencia y se hace extensivo al acceso y ejercicio profesional. 

Por todo esto, según fuentes de CC OO, algunas comunidades están requiriendo que el personal interino presente el citado certificado. «Lo que no ha dicho el Ministerio es qué consecuencias prevé que tenga esta medida para quienes no lo aporten o para quienes, constando en el citado registro, ya hayan cumplido sus penas y están debidamente rehabilitados y reinsertados», defienden desde el sindicato.

Asimismo, se preguntan qué harán con quienes no cumplan lo requerido: «sí no serán contratados, serán despedidos o, en el caso de los funcionarios de carrera, serán inhabilitados y perderán su condición de funcionarios». «En cualquier caso, parece que se pone bajo sospecha a todo el profesorado como posibles delincuentes sexuales», añaden.

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