El pasado lunes, un día antes de su detención, el ingeniero del Juzgado de Aguas de Orihuela, José Manuel Pujante, aseguró a este periódico desconocer los arrestos del exjuez de Aguas, Jesús Abadía, y del exsecretario, Aníbal Bueno.
Pujante fue escueto: «¿Un fraude en el AVE? No tengo ni idea. Voy a intentar enterarme». El martes se cubría con una chaqueta en el corazón de Murcia para evitar ser fotografiado cuando salía de las oficinas de Inversiones El Campillo S.L, una mercantil constituida hace 17 años y en la que figura desde 1998 con los cargos de apoderado y consejero, según los datos obtenidos por el periódico.
Su presencia se debió a la obligación legal de que asistiera junto a la comisión judicial al registro de las instalaciones, situadas en la Avenida de la Constitución de la capital de la Región. La empresa se dedica a «la promoción de obras y compraventa de bienes inmuebles» de una forma muy poco habitual porque no se hace ningún tipo de publicidad, ni siquiera tiene pagina web o presencia en las redes sociales.
El teléfono móvil de Pujante seguía sonando ayer, aunque nadie atendió a una llamada de este periódico para conocer su parecer por estos hechos que lo implicarían supuestamente en una trama para defraudar a Hacienda por obras intermediadas o realizadas -eso es una cuestión que todavía no ha aclarado la investigación, que está bajo secreto de sumario- para el AVE entre Crevillente y Murcia.
El hecho de que dos de los tres oriolanos arrestados -entre las trece personas que ya figuran en las investigaciones- hayan sido altos directivos del Juzgado Privativo de Aguas y el tercero uno de los máximos responsables técnicos, no es óbice para que el juzgado de Aguas reiterara ayer que no tienen nada que ver: «Me molesta que el juzgado se vea implicado en todo esto», dice el actual juez. Esta semana habrá reunión de la Junta de Gobierno.
La Guardia Civil ha preguntado en los interrogatorios a algunos de los investigados si la empresa de Jesús Abadía llevaba a cabo trabajos de topografía especializados. Supuestamente la mercantil habría facturado por este concepto cuando eran otras mercantiles las que los llevaban a cabo. También se quiso facturar, según las mismas fuentes, supuestos daños en cosechas por la actividad de obras del paso de AVE en Levante en el concepto de reposición de servicios y actuaciones relacionadas con acequias y otros por un valor mayor al que tenía realmente.
Los investigadores también han incidido a la hora de averiguar detalles sobre una obra una comunidad de Regantes de San Felipe Neri (Crevillente) que supuestamente recibió ayudas y no se ejecutó como estaba previsto.
"Seguro que es un malentendido"
- Por su parte, el actual juez de Aguas de Orihuela, Manuel Larrosa, defendió a su técnico al apuntar de afirmar: «Si hay algo, estoy seguro que es falso y que es un malentendido. Por lo mucho que lo conozco, no creo que sea capaz de hacer algo malo. Todo lo que le conozco es bueno».
- El juez de Aguas dijo que ni siquiera ha tratado de ponerse en contacto con él aunque sí lo había hecho con su familia, pues algunos miembros de esta son trabajadores del Juzgado de Aguas. De este modo, Larrosa se mantiene en que todo lo que conoce sobre este caso, que salpicaría a su ingeniero, lo sabe «por los periódicos».
