Investigación

Cinco detenidos en el registro de una oficina en Murcia por el fraude fiscal de facturas del AVE

El ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela es uno de los apoderados de la empresa que ayer registraron agentes de la Guardia Civil

11.11.2015 | 04:00
Uno de los arrestados trata de cubrirse la cara ayer a su salida de la oficina registrada.

Al menos trece personas se encuentran implicadas en una investigación abierta y bajo secreto de sumario por un juzgado de Instrucción de Murcia por un supuesto fraude a la Hacienda Pública en las obras del AVE, en una labor policial que, al cierre de esta edición, se desconoce hasta dónde llegará. De hecho, ayer hubo cinco detenidos más; entre ellos, un técnico del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO).

En concreto, de caso se hace cargo el Juzgado de Instrucción Número 9, que lleva el magistrado Francisco Navarro. Desde el citado juzgado subrayaron a LA OPINIÓN que las diligencias han sido declaradas secretas. 

Agentes de la Guardia Civil registraron ayer, hasta primera hora de la tarde, una oficina ubicada en la avenida de la Constitución, en Murcia, en el marco de la investigación relacionada con la trama . Ese registro, en el que intervinieron efectivos de Aduanas y de Delitos Económicos de la Guardia Civil, se saldó con cinco arrestados, de los que, al menos uno, es una mujer. Todos los sospechosos salieron del portal cubriendo sus cabezas con chaquetas, con el fin de no ser reconocidos.

«La casa la han tenido que poner patas arriba, porque se escuchaba todo», comentaban a los medios de comunicación dos vecinas del inmueble, que confirmaban que «desde las diez de la mañana» estaban oyendo los trajines del registro de los agentes.

La oficina registrada, en el 1º B, no tiene ni en el portal ni en la misma puerta letrero alguno que acredite su actividad. Sí en el buzón: Inversiones El Campillo S. L. Inversiones El Campillo está constituida desde hace 17 años y medio, y su objeto social es «la promoción de obras y compraventa de bienes inmuebles».

Entre los directivos de Inversiones El Campillo figura, como apoderado mancomunado solidario, el ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante), José Manuel Fernández Pujante. Fernández Pujante aparece también como consejero de esta empresa y como apoderado solidario, ambos en 1998.

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela se encuentra en medio de estos hechos porque otros dos oriolanos arrestados también han formado parte de ella: el expresidente, Jesús Abadía, y el exsecretario, Aníbal Bueno, quienes fundaron una empresa cuando aún el primero era el máximo responsable de la institución agraria.

Beneficiaban a su mercantil

Fuentes de la investigación aseguraron que, supuestamente se aprovecharon de su posición al frente del organismo agrícola durante esos años para beneficiar a su mercantil condicionando que una buena parte de los contratos derivados de las obras del tren de Alta Velocidad Española (AVE) a su paso por la Vega Baja fueran a parar a ella al ser una garantía de que se iban a ejecutar conforme a lo que quería el JPAO.

Con ello, la mercantil habría sido una mera intermediaria pero de obligado paso para las contratistas de AVE de cara a cualquier trabajo que supusiera un informe por una afección a las canalizaciones –acequias y azarbes– de la Vega y todo ello, al parecer y siempre por exigencia del Juzgado de Aguas que la vincularía como su empresa de confianza, la única. Con ello se garantizaría que otras del sector no accedieran a los contratos.

Esto, en cualquier caso, no sería una actividad delictiva en sí pero sí el que las facturas, supuestamente, no se ajustaran a la realidad para defraudar impuestos: es decir, que hincharían las facturas para lucrarse. Queda por saber cuál sería la cuantía.

La empresa formaba parte de una comunidad de bienes formada por ambos excargos de la JPAO y denominada Marimar SL. El diario constató ayer que la mercantil ha sido subcontrata de primer orden de la UTE que se adjudicó el tramo entre Crevillent y Murcia de las obras. Es decir, era contratada por la principal constructora y a su vez subcontrataba.

Fuentes próximas a la investigación reiteraron que todas las reposiciones de servicios ligadas a esta actuación se adjudicaban directamente a la mercantil. Algo que se abordó en alguna ocasión en el seno del Juzgado de Aguas con los regantes y que se justificó precisamente en el hecho de que era la empresa de confianza mientras que con otras podría haber problemas.

Buena prueba de ello es que el propio ayuntamiento de Orihuela les adjudicó un trabajo en el primer semestre de 2014 por 37.700 euros para el cerramiento de la acequia de Callosa en el camino por los Huertos (lo que no es objeto de la investigación). En esas fechas, Abadía seguía al frente del Juzgado de Aguas de Orihuela.

"No sé nada, el juzgado de aguas de Orihuela no lo han registrado"

  • Desde el Juzgado de Aguas de Orihuela descartaron ayer cualquier implicación de la institución en el caso. El juez de Aguas, Manuel Larrosa, se mostró sorprendido por los acontecimientos y apuntó que, lo único que sabe al respecto «es lo que escuché tomando un café en un bar», en referencia a su antecesor, Jesús Abadía, detenido el domingo. Larrosa apuntó que ni siquiera sabía que durante la jornada de ayer había sido detenido un técnico con el trabaja codo a codo. «Es la primera noticia que tengo», apuntó a la llamada de este diario.
  • «Hoy (por ayer) no he acudido al juzgado por asuntos personales, por lo que no he hablado con él en todo el día». De hecho, Larrosa apuntó más tarde que ni siquiera se había puesto en contacto con él tras conocer la noticia por , ya que «no me parece el momento oportuno». En lo que sí fue tajante fue en asegurar que «el Juzgado de Aguas, como institución, ni yo, tenemos nada que ver con esto. Yo no sé absolutamente nada, llevo muy poco tiempo y todo me ha cogido por sorpresa».
  • Larrosa ostenta el cargo desde el pasado mes de marzo, cuando Jesús Abadía abandonó un puesto que ejercía desde el pasado año 2008.

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