La consejería de Presidencia ya ha recibido el informe solicitado al Consejo Regional de la Transparencia sobre la legalidad de la publicación de los nombres y sueldos de los funcionarios, un asunto que causó la indignación de los empleados públicos hace unas semanas al revelar LA OPINIÓN que estos datos personales estaban en un documento excel publicado en el Portal de la Transparencia de la Comunidad.

El informe, en la línea de lo que ya apuntó la Agencia Española de Protección de Datos, que la Comunidad tenía cobertura legal, por la Ley Regional de Transparencia, para publicar los datos, pero señala que hubiera sido recomendable realizar una consulta previa a los empleados públicos con el fin de informarles sobre la publicación de esta información sobre ellos, así como ofrecerles la posibilidad de que manifestaran 'circunstancias especiales' (por ejemplo, víctimas de violencia de género) que debieran ser tenidas en cuenta.

Además, también propone revisar el artículo 13.1 letra a) de la Ley de Transparencia, «con el fin de suprimir del mismo la mención a los ocupantes de los puestos de trabajo y a su relación jurídica, manteniendo la publicación de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de las retribuciones anuales, fijas y variables, de sus ocupantes», señala el documento, que tiene 80 páginas, en una de sus conclusiones.

Con este informe en la mano, la consejera, María Dolores Pagán, convocará para el próximo viernes la mesa de trabajo creada junto a los representantes sindicales de los empleados públicos y el Consejo de la Transparencia, que preside José Molina Molina. Este grupo de trabajo «determinará las acciones que se llevarán a cabo para compatibilizar la implementación de la Ley de la Transparencia con los criterios de la Agencia y del Consejo de la Transparencia», explican desde Presidencia.