Los vecinos de cinco municipios de la Región verán incrementado el año próximo en 200.000 euros el fondo social para ayudar a pagar el recibo del agua a las familias que tienen problemas económicos. Este fondo alcanzará el millón de euros y con ello se pretende atender a los ciudadanos más necesitados de Murcia, Cartagena, Beniel, Cieza y Alcantarilla.
Estos municipios son algunos de los gestionan el servicio del agua con la empresa Hidrogea, o bien a través de la fórmula de la concesión -Cartagena y Alcantarilla- o bien mediante la fórmula de la cogestión con una empresa mixta público-privada (Murcia, Cieza y Beniel).
El director de Concesiones de Hidrogea en la Región de Murcia, Javier Ybarra, explicó ayer que con este fondo «la atención social está totalmente cubierta para que no se le corte el agua a nadie que no la pueda pagar».
En estos cinco municipios, este año se han beneficiado del fondo más de 2.000 familias, a las que se les ha pagado el recibo por tener problemas económicos.
Además, de esta partida salen las ofertas de una tarifa plana de 5 euros en Murcia, por la cual las familias con menos renta sólo pagan esa cantidad si no se pasan de un determinado consuo de agua; y las tarifas especiales subvencionadas para familias numerosas, jubilados y discapacitados.
El año pasado 17.216 personas se acogieron a este tipo de precios, según los datos facilitados por Hidrogea.
Ybarra recordó que «Aguas de Murcia -empresa mixta de Hidrogea y el ayuntamiento- fue la pionera en todo el Estado Español en crear un fondo social, que es un instrumento óptimo y transparente y que simboliza realmente la colaboración entre el modelo público y privado de gestión».
La empresa Hidrogea pertenece al grupo Agbar, un holding con más de 140 años de historia constituido por más de 128 empresas que operan en el sector de servicios del ciclo integral del agua dentro y fuera de España.
Modelos de gestión
Por su parte, el director jurídico del grupo Agbar, Guillermo González de Olano, que participó ayer en la última sesión de las jornadas sobre derecho de aguas que se han desarrollado en la Universidad de Murcia, defendió el modelo de gestión mixto (público-privado) como el más ventajoso para este servicio.
«Desde nuestra experiencia, el de modelo de gestión indirecta es una fórmula que para nosotros da resultado», dijo, puntualizando que la sociedad de economía mixta «está demostrando ser un instrumento útil para que el sector público y el privado colaboren en la gestión de algo tan importante como el agua y que ambas partes salgan beneficiadas».
En su opinión, la parte pública de la empresa se beneficia del conocimiento y avances tecnológicos que ofrece la empresa privada, gracias a las inversiones en I+D, pero, a la vez, «no dejan de lado el control, y la inspección» para que el contrato se desarrolle en beneficio, principalmente, de los vecinos.
González rechazó que se puedan primar los intereses económicos de la empresa privada frente a los de servicio público y destacó que «actualmente, tal y como están configurados los contratos y si se tiene en cuenta las prerrogativas de las que dispone la administración pública no puede suceder ésto». En las tarifas, dijo, «prima la realidad social de las familias».
