El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia no permite legislar sobre derecho de familia, de manera que, a falta de una clara normativa estatal, las parejas murcianas con hijos que, por la circunstancia que vean, deciden poner fin a su relación, quedan en manos del arbitrio de los jueces, que en este tipo de casos conceden la custodia a las madres. Así lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, que señalan que en el pasado año 2014 solo se dictó la custodia compartida en 173 de los 2.949 divorcios producidos en la Región, una cifra algo superior a la del año anterior (113), pero que apenas supone un 10,2% del total.
Por cambiar esta dinámica, desde las tres asociaciones de padres separados que hay en la Región (APFS, Asociación Aire y SOS Papá) buscan apoyos políticos y sociales para presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (una herramienta que contempla la Constitución para que en el Parlamento puedan tramitarse propuestas surgidas de la ciudadanía, siempre que aporten 500.000 firmas) para que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre se vea obligado a promover una ley que establezca la custodia compartida como opción prioritaria para los jueces en los casos de separación matrimonial. «Que los niños dejen de ser el botín de guerra en los divorcios», señala José Morales, de la asociación SOS Papá. Obviamente, de estos casos se excluiría a los padres implicados en casos de violencia doméstica, tanto contra las mujeres como con los niños.
Miembros de las tres asociaciones lograron ayer el apoyo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, cuyo portavoz, Miguel Sánchez, se comprometió a recuperar el Dictamen de Estímulo de la iniciativa legislativa del Gobierno de la nación, que la Cámara emitió en 2013 a propuesta de la entonces diputada del PP Violante Tomás, hoy consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Los populares llegaron a diseñar en la pasada legislatura una ley sobre la relación de los hijos e hijas con los progenitores en los casos de ruptura de la convivencia familiar. No se pudo tramitar porque la Región, al contrario que otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña o País Vasco), no tiene competencias en ese sentido. Los diputados de C´s también propusieron incluir el derecho de familia dentro de las competencias autonómicas en la próxima reforma del Estatuto. También garantizaron que los diputados que la formación logre en el próximo 20 de diciembre apoyarán la custodia compartida.
«Las estadísticas del INE son demoledoras. Murcia es la comunidad autónoma donde menos custodias compartidas se concedieron en 2014, lo que demuestra que los jueces no parecen dispuestos a aplicar la abundante jurisprudencia que ya existe sobre custodia compartida en los casos de divorcio», afirma Ignacio Herranz, coordinador y letrado de la Asociación de Padres de Familia Separados de Murcia. «Los jueces siguen decidiendo por inercia, asignan la custodia por sistema a la madre por una cuestión de costumbres», opina José Morales.
Según los datos del INE sobre divorcios en la Región, de 2.949 parejas disueltas en 2014, la custodia de los hijos e hijas fue para la madre en 1.460 casos (casi el 50%) por solo 62 ocasiones en el que fue para el padre y las mencionadas 173 (entre las que se incluyen las en las que se dictó la custodia compartida. En la vecina Comunidad Valenciana, donde sí existe una ley específica, fueron 2.022 las custodias compartidas concedidas de 11.687 casos, lo que supone un 20%. «Los niños de Orihuela pueden seguir viendo regularmente a sus padres mientras que los de Murcia no, aquí solo pueden ir con ellos cada cierto tiempo al McDonald, porque no te da tiempo a otra cosa» afirma el responsable de SOS Papá en la Región, que considera que debe haber de una vez una normativa estatal que impida precisamente estas diferencias entre comunidades autónomas.
Por su parte, Carlos Manzanares, responsable de la asociación Aire (que persigue acabar con todo tipo de desigualdades de género) resalta que está demostrado que en las comunidades autónomas donde hay una normativa específica que da preferencia a la custodia compartida se consiguen más acuerdos en los casos de divorcio, lo que repercute positivamente en los hijos.
