Tribunales

Bascuñana y Ortuño remiten a los técnicos la concesión del puerto de Mazarrón

El letrado de los socios del Club Náutico pide cárcel para el exconsejero de Obras Públicas y el exdirector general de Puertos, el actual alcalde de Yecla, por ceder la titularidad a una empresa sin cumplir la legalidad

29.10.2015 | 04:00
Bascuñana (i) es increpado por un socio del Club Náutico de Mazarrón al llegar al juzgado.

El exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana y el alcalde de Yecla y diputado de la Asamblea Regional, Marcos Ortuño, se ampararon ayer en los informes técnicos y jurídicos favorables a la nueva concesión del Puerto de Mazarrón para justificar ante la titular del Juzgado de Instrucción número Tres la adjudicación que aprobaron en 2005, cuando eran consejero de Obras Públicas y director general de Puertos, respectivamente.

Los socios del Club Náutico que tenía la concesión del puerto con anterioridad se han querellado contra Bascuñana y Ortuño, a los que responsabilizan de validar la cesión de la licencia a la empresa Bolnuevo de Turismo, S. A. (Boltursa), constituida, según la querella, por el presidente del Club, Juan Marín, sin su aprobación ni su conocimiento. «El presidente actuó sin la debida habilitación legal», indicaron.

Su letrado, Diego de Ramón, pide penas de cárcel para los dos exaltos cargos de Obras Públicas, a los que acusa de «que en 48 horas se firmara la orden de cesión de una concesión, cuyos derechos se elevan a 5,1 millones». Algunos de los socios del Club Náutico acudieron ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia para denunciar que Boltursa ha convertido el Club Náutico en «un centro de ocio, con locales y restaurantes que superan el volumen autorizado y dificultan el uso del espacio, lo que impide a la Consejería firmar la recepción de las obras».

Tras prestar declaración ante la juez, Brígida Gil, Bascuñana explicó que recibió la propuesta «del director general, acompañada de los informes técnicos y jurídicos, que eran totalmente favorables. El consejero lo que hace es firmar esa orden». A la pregunta de si conocía el expediente, respondió que «no tenía obligación de leerlo completo. El expediente se resume en lo que es el informe jurídico y el informe técnico. Para eso están los técnicos y todo el personal funcionarial de la dirección general, en los cuales confío plenamente. Hicieron un trabajo interesantísimo».

Bascuñana dejó claro que «el consejero es un cargo político, no es arquitecto ni jurista. Para eso están los profesionales».

Por su parte, Marcos Ortuño quiso dejar claro que su voluntad era «comparecer de forma voluntaria ante la juez para poder esclarecer estos hechos». Añadió que la decisión que ha dado lugar a la querella «es un acto meramente administrativo y quien diga otra cosa lo dice de mala fe o por otros intereses». Recordó también que la resolución estaba avalada por los informes técnicos de la Consejería.

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