Vamos a ver. Lo que no cabe es tener arrancadas de caballo y paradas de burro viejo. Si el presidente de la Comunidad, antes de serlo y para serlo, firma un contrato con Ciudadanos ante la sociedad murciana en el que se asegura que ningún imputado dispondrá de un cargo público no vale que, una vez investido, renuncie a su compromiso aduciendo que en el caso de la alcaldesa de Torre Pacheco la imputación es poco menos que consecuencia de un descuido administrativo, y ya ni siquiera haya pretexto para justificar a los concejales del ayuntamiento de Puerto Lumbreras que expían sus respectivas responsabilidades en el mismo asunto que afecta a Pedro Antonio Sánchez por sus decisiones en la etapa en que era alcalde de esa localidad. Todavía es más llamativo que el diputado regional Marcos Ortuño acuda hoy mismo a declarar en calidad de imputado a un juzgado ordinario renunciando a su condición de aforado, lo que también estaría al alcance del presidente para el ´caso Auditorio´ si, como afirma, se propone legalizar la eliminación de ese privilegio, y bien podría adelantarse para dar el ejemplo que el otro, Ortuño, da, sean cuales sean sus motivaciones.

El rodeo a través de Podemos o del PSOE para aprobar el techo de gasto del presupuesto autonómico para 2016 que ya estaría sancionado en primera votación si el PP hubiera actuado de acuerdo al pacto de investidura con Ciudadanos es prueba de que la valentía expresada en aquella firma inicial fue flor de un día. Lo que el PP no termina de entender o, mejor, pretende obviar, es que su pacto con Ciudadanos no lo es con un partido sino ante la sociedad.

Intentar vender la insolidaridad de Ciudadanos con los funcionarios a los que al cabo de las mil se les pretende reponer una parte de la paga extra que el PP les birló en 2012, es un juego de guardería. No sólo porque la iniciativa se produce al filo de la fecha en que se les convoca a las urnas sino porque es indisimulable la doble tapadera: el intento de comprar el voto de los funcionarios a la vez que el de acallar el compromiso por la regeneración ante el que éstos debieran hacer la vista gorda para atender a sus intereses particulares. En el fondo, se trata de que los funcionarios piensen en su bolsillo y se desentiendan de los condicionantes contra la corrupción. Algunos sindicatos, como el de enfermería, Satse, no han mostrado escrúpulos al respecto, lo cual tampoco sorprende demasiado: ande yo caliente y ríase la gente.

El problema es que después de intentar la jugada política a lo grande „pretender que Podemos sustituya ocasionalmente a Ciudadanos como aliado político„ ya es difícil regresar al camino ordinario, pues el partido que lidera Miguel Sánchez ha observado que existía más amplio margen en el techo de gasto del que a ellos se les proponía, de modo que no se van a avenir ahora a votar lo que en un primer envite habrían estado dispuestos si se hubiera dado cumplimiento al punto primero del pacto de investidura. Si el PP acudiera ahora a Ciudadanos incluso tras poner en la calle a los imputados habría que revisar al alza el techo de gasto, lo que han hecho infructuosamente con Podemos.

En el fondo, el mosqueo del PP con Ciudadanos no se refiere a este asunto, sino al hecho de que, en compañía del PSOE y de los grupos de izquierda en el ayuntamiento de Murcia „Ahora y Cambiemos„ les están desmontando la estructura clientelar que conforma el estatus del PP en la capital murciana, y con esto se rompe un tejido de intereses que puede desembocar, más tarde o más temprano, en todo tipo de filtraciones y confidencias sobre las tramas desembastadas.

Pero lo más impactante para la opinión pública en general, tras las maniobras de distraimiento del PP acerca del techo de gesto, es la evidencia de que el presidente de la Comunidad está incumpliendo su palabra. Y esto es, como poco, decepcionante.