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Política

Ciudadanos propone endurecer la ley para evitar las 'puertas giratorias'

Plantea que los diputados no puedan asesorar a empresas hasta dos años después de su cese

27.10.2015 | 11:41
Miguel Sánchez, junto a los diputados Juan José Molina y Miguel López-Morell.

La Mesa de la Asamblea Regional ya ha admitido a trámite una proposición de ley presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Miguel Sánchez, que pretende modificar el Estatuto Regional de la Actividad Política para evitar lo que denomina «puertas giratorias».

Concretamente, Ciudadanos propone un cambio en el artículo 7 de este Estatuto, que data de 1994, para establecer que los diputados de la Asamblea Regional «durante un periodo de dos años posterior al cese de su mandato», no puedan ejercer actividades empresariales que impliquen la realización de contratos con la Administración pública regional. Tampoco podrán «desempeñar cargos que lleven aparejadas funciones de dirección, representación o asesoramiento en empresas que ejerzan esas actividades.

La normativa actual sobre la que se pretende realizar la modificación solo contempla que el diputado no podrá llevar a cabo negocios con la Administración durante el ejercicio de su mandato. Otra variación afecta al artículo 20, el referido a las sanciones a los altos cargos que incumplan al Estatuto, no solo en ese aspecto que introduce C's, sino en general. Así, la propuesta de Ciudadanos contempla «la imposición de una multa diaria de cuantía de 100 a 1.000 euros en tanto no cese la actividad incumplidora. Dicha cuantía se determinará en proporción al daño causado y el beneficio obtenido por el infractor».

«El fenómeno de las puertas giratorias (de la acepción inglesa revolving door) surgió en España desde los primeros días de la democracia, pero se ha extendido y acentuado en los últimos años hasta alcanzar niveles alarmantes para el sistema, que exigen soluciones drásticas», señala Miguel Sánchez en la exposición de motivos de la proposición de ley. «El fenómeno consiste en la recolocación de los altos cargos de la Administración pública en empresas privadas en las que perciben sueldos astronómicos a cambio de sus conocimientos de los asuntos públicos y sus relaciones políticas», añade el portavoz, que asegura que la Región «es, por desgracia, pionera» en este tipo de prácticas.

«Los políticos que por cualquier razón dejan un alto cargo son recolocados como asesores, cargos directivos de empresas o instituciones», continúa Miguel Sánchez, que vuelve así a meter el dedo en el ojo del PP, que ha contratado a antiguos alcaldes en puestos de confianza de la Administración regional.

La proposición de ley fue admitida por la Mesa y ahora será el turno de la Junta de Portavoces decidir cuándo se somete a votación en el pleno de la Asamblea. Ciudadanos, con cuatro diputados, necesitará el apoyo del resto de grupos (al menos de PSOE y Podemos, con los que suma la mayoría absoluta, 23 diputados, de la Asamblea Regional, donde el PP cuenta con 22 escaños) para que la propuesta salga adelante.
El Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, por su parte, está trabajando asimismo en una nueva Ley del Estatuto del Cargo Público, que figura en su calendario legislativo.

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